VIDEO | INDH: “El 90% de las condenas por tortura ocurrieron al interior de las cárceles”
Según datos del Ministerio Público, entre 2010 y el 2017 ingresaron 1.681 denuncias por diferentes delitos vinculados a la tortura, incluyendo los cometidos por funcionarios públicos.
Por el delito de apremios ilegítimos, el gendarme Héctor Palma fue formalizado durante la semana pasada acusado de no haber evitado la aplicación de torturas por parte de un grupo de imputados a los acusados por el asesinato de Margarita Ancacoy.
Las imágenes de dichos tormentos captadas al interior del Módulo 11 en el Penal Santiago Uno causaron conmoción mediática por su violencia y un debate en torno a las condiciones al interior de las cárceles en nuestro país.
Tras algunos días en prisión preventiva y la amenaza de paralizaciones por parte de Gendarmería por las malas condiciones en que deben cumplir su trabajo al interior de los centros de detención, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar y Palma quedó en libertad.
A raíz de este caso se impulsó un debate en torno a las condiciones laborales de los gendarmes, pero, de igual manera, respecto de la violencia que afecta a los internos.
Tortura en centros de detención
Según datos del Ministerio Público, entre 2010 y el 2017 ingresaron 1.681 denuncias por los delitos de Torturas cometidas por funcionarios públicos, Torturas por particulares incitado por agentes del Estado, Tortura para anular voluntad y Tortura con cuasidelito, catalogadas hasta 2016 como apremios ilegítimos y luego, tras el cambio de ley, como torturas.
A un año de aplicación de esta ley, es decir entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, en términos globales el número de denuncias ingresadas al Ministerio Público ascendió a 2.042 casos.
El mayor número corresponde al delito de Apremio ilegítimo u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de un empleado público, descrito en al artículo 150 D del Código Penal, con 861 denuncias. Lo sigue el delito de Abusos contra particulares (724) y Torturas cometidas por un funcionario público, con 341 casos.
Sin embargo, de todos estos, sólo 20 recibieron sentencias condenatorias en los últimos 5 años, de los cuales 18 corresponden a casos ocurridos al interior de las cárceles. “El 90% de las sentencias condenatorias por torturas son respecto a casos ocurridos al interior de las cárceles”, dice Rodrigo Bustos, jefe de la unidad jurídico judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien además comenta que comenta que la baja cantidad de condenas demuestra que en la mayoría de los casos de tortura en Chile son impunes.
Bustos agrega que desde el INDH han presentado 50 querellas por torturas y malos tratos, y 30 recursos de amparo por situaciones de malos tratos al interior de las cárceles de nuestro país. “La mitad de las cárceles en Chile tienen hacinamientos de internos, que también es una práctica de malos tratos hacia personas privadas de libertad. La cárcel de Limache tiene un 279% de población penal, muy por sobre su capacidad; la de Taltal, 243%, y el CDT Santiago Sur, 200% de su capacidad. El hacinamiento facilita que existan condiciones estructurales en las cárceles donde no se cumplen los derechos humanos, aumentan las situaciones de violencia y malos tratos y hace que la reinserción sea más compleja”, asegura.
Destaca además que de los 41 mil internos que existen actualmente en la cárceles de Chile, un tercio corresponde a personas que están en prisión preventiva, es decir, no están cumpliendo una condena
César Pizarro, de la ONG 81 Razones dedicada a recibir y difundir denuncias de malos tratos al interior de centros penitenciarios, señala que “en lo cotidiano pueden llegarnos de 3 a 15 o más llamados por diferentes tipos de abusos desde personal de Gendarmería con la población penal recluida”.
La mayor cantidad de denuncias, añade Pizarro, son por golpes de palos, rotura de piezas dentales, de brazos y heridas en el cráneo. Agrega que muchos de los presos no denuncian por miedo a las represalias, que pueden ir desde más agresiones físicas, no tener acceso a zonas de educación o trabajo, hasta rebajar la buena conducta del interno.
“También es conocido lo que se llama “dar la vuelta a la cana”, es decir, los funcionarios mandan a un preso castigado a que pase por varios módulos, a ver donde lo reciben o puede ingresar. Muchos de ellos después nos llamas denunciando que llevan consigo más de 15 puñaladas en su cuerpo y que ya no dan más para pelear por sus vidas”, relata Pizarro.
Aquí, videos de denuncias que ha recibido 81 Razones:
