Presidente de abogados PS por proyecto de Integridad Pública: “Es inconstitucional”

Cuestionamientos provocó en el Partido Socialista el proyecto de Integridad Pública ingresado la semana pasada por el Gobierno, iniciativa que apunta normar la participación de familiares de autoridades en cargos públicos y, en paralelo, restringe el actuar de abogados que se hayan desempeñado en reparticiones del Estado.

En específico, “se propone que ningún abogado que se retire de cualquier administración centralizada o descentralizada del Estado pueda realizar presentaciones ante la Contraloría General de la República, representando interesantes de terceros, actuando como abogado, apoderado o representante, en contra de la institución a la que pertenecía en asuntos en que, en razón de sus funciones, hubiera tenido conocimiento o intervención”, según señala el texto.

Ante esto, desde la Brigada de Abogados PS, instancia que reúne a juristas del partido liderado por el senador Álvaro Elizalde, emitieron un declaración pública que fue respaldada por los diputados Marcelo Díaz y Leonardo Soto, el constitucionalista Fernando Atria, el ex subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, y el ex secretario general del partido Pablo Velozo.

El reclamo de los abogados acusa al Ejecutivo de “dedicar tiempo, capacidad política e intelectual en proponer normas con nombre y apellido, que nos recuerdan épocas de nuestra historia republicana ya superadas”, junto con asegurar que el La Moneda ha realizado “acciones hostiles contra el legítimo ejercicio de fiscalización”. Todo esto, ya que consideran que la norma se elaboró con el propósito de limitar las labores que puedan realizar abogados vinculados al partido, como los hermanos Gabriel y Cristóbal Osorio, quienes han liderado diversas presentaciones ante Contraloría.

En conversación con El Dínamo, el presidente de la Brigdada de Abogados PS, Rafael Ferrada, señala que “el proyecto de Integridad Pública presentado por el Gobierno está coartando ciertas facultades mínimas que puede tener cualquier abogado en el ejercicio libre, como de cualquier ciudadano para realizar peticiones. Y de igual manera está coartando las facultades fiscalizadoras del Congreso. Eso nos preocupa”.

“En la Constitución está garantizado el derecho a petición de cualquier ciudadano por asuntos de interés público, y esto es lo que realiza cualquier abogado cuando actúa de esta forma ante Contraloria. Cuando tiene algún pronunciamiento, alguna duda acerca de algún acto del Gobierno o cualquier poder, puede ir a Contraloría y ésta se tiene que manifestar a favor o en contra”, enfatiza Ferrada.

Junto con indicar que “es distinto cuando el abogado sale del servicio público y comienza a litigar contra el Fisco en juicios civiles o de otra índole. En eso sí hay restricciones que establece la ley, pero en este caso no hay ningún perjuicio fiscal. Esto es inconstitucional, claramente vulnera el derecho a petición”.