La corrupción es incidental, no endémica
Geoconda Navarrete Arratia es Intendente Regional de Aysén
La frase que sirve de título a esta columna pertenece al politólogo y diplomático finés, Max Jakobson, quien define a Finlandia como “una sociedad homogénea, ordenada, que funciona bien, con una burocracia competente y eficiente en todos los sectores. La corrupción es incidental, no endémica”.
¿Por qué cada vez que hablamos de transparencia, de accountability, de buenas prácticas democráticas, siempre terminamos hablando de Finlandia? Lo hacemos porque ese pequeño país del noreste europeo es el mejor ejemplo de cómo las naciones deben hacer bien las cosas, cumpliendo las reglas, desde los ciudadanos a los funcionarios públicos.
En síntesis, se trata de un pueblo educado y justo. De acuerdo a parámetros de TI, el país posee un índice de percepción de la corrupción de 9,7 puntos sobre un ideal de 10; cifra casi absoluta tanto a nivel de los poderes nacionales y provinciales como en los partidos políticos. “Hay, en mi país, un concepto ético y moral en la vida pública muy relevante. Creo que una de las cosas más importantes de Finlandia fue la eliminación absoluta del analfabetismo”, explica el ex embajador de Finlandia en Argentina, Risto Veltheim.
Con todo, Finlandia no es un país perfecto, pues, como muchos otros que han alcanzado el desarrollo, también posee altos niveles de alcoholismo y violencia intrafamiliar, tanto o más que los latinoamericanos. Su fortaleza está en la rectitud pública. “En Finlandia, todas las decisiones son escritas y transparentes; por eso es difícil esconder lo que uno hace mal; un funcionario que entra en la carrera pública como diplomático, por ejemplo, es inamovible. Eso da seguridad y garantía”, explica Veltheim a un medio trasandino para significar la separación del poder político de turno, de las competencias demostradas a lo largo de una carrera funcionaria.
¿Alguna vez nuestro país alcanzará tal nivel de rectitud pública, semejante cultura cívica? De prosperar en el Congreso Nacional el proyecto de ley de integridad pública que acaba de enviar el Presidente Piñera este jueves 5 de julio, es muy probable que en esta maravillosa tierra llamada Chile, comience a germinar la semilla de las buenas intenciones.
Desde el Ejecutivo se explica que la iniciativa –que tiene carácter de urgencia legislativa– forma parte de los compromisos del programa de Gobierno y da el vamos a la agenda de integridad y transparencia para contar con instituciones modernas, eficientes, y cercanas a la ciudadanía; se busca aumentar los estándares de quienes ingresan al sector público, regulando los vínculos de consanguinidad o afinidad para asegurar el mérito en la designación de cargos.
En atención a los ejes fundamentales de la iniciativa –de prevenir los conflictos de interés mediante una ley de Transparencia 2.0, una agenda antiabuso y anticorrupción, y una política de datos abiertos– ella busca fortalecer la valoración del mérito personal y la idoneidad profesional de quienes ingresan al Estado; así como regular y crear mecanismos de solución efectiva de los conflictos de intereses en las tres instancias en que aquellos pudiesen ocurrir: al ingresar a la función pública, durante su ejercicio y al momento de dejar de ejercerla.
El proyecto pretende, entre otros aspectos, regular por ley la contratación de parientes de altas autoridades, y prohibir la contratación de parientes en el Congreso Nacional; regular las fuentes de ingreso de los parlamentarios, así como el correcto uso de sus asignaciones; lo mismo respecto a la regulación del deber de abstención de los parlamentarios, así como la reglamentación post empleo (puerta giratoria) de exparlamentarios y exministros, exsubsecretarios y exjefes de servicio. Además, se propone que los exministros de Estado, exsubsecretarios y exjefes superiores de servicio, tendrán prohibido realizar lobby o gestión de intereses por 12 meses ante la misma institución en la que se desempeñaron.
