La voraz instalación de Gobierno: relatos de los despedidos por Piñera

Cerca de 50 demandas por tutela laboral han presentado ex trabajadores del gobierno de Michelle Bachelet en contra del Fisco, tanto en el primer como en el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, entre el 12 de marzo y la segunda semana de julio.

En estas demandas, revisadas en detalle por El Dínamo, se evidencia no sólo cómo los funcionarios eran contratados bajo la modalidad de honorarios o contrata pese a que cumplían funciones bajo la regulación del Código del Trabajo, sino que además en sus relatos se da cuenta de cómo al momento de su despido dado el recambio del gobierno, se les manifestó -a veces en duros términos- que sus desvinculaciones se relacionaban exclusivamente a su participación en la administración anterior.

En algunos casos, eso sí, la prestación de servicios se venía desarrollado ininterrumpidamente y renovándose cada año, desde 2010. En otros, el ingreso a los cargos se había hecho a través de concurso público o en los meses finales de la anterior administración.

“Operadores políticos”

En las demandas presentadas, los ex funcionarios aseguran que la razón de fondo de sus desvinculaciones es por ser considerados “operadores políticos” por parte de la nueva administración, razón que en algunos casos califican como infundada y todos como una medida discriminatoria, lo que atentaría contra el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo.

Sin embargo, la legislación también considera que no son discriminatorios los despidos basados en calificaciones. En este punto, las demandas mencionan que se les hizo entrega de un informe de desempeño al momento de notificar el despido, a pesar de que en algunos casos los funcionarios estaban con licencia, de vacaciones o trabajaron menos de 15 días con la nueva jefatura que los calificó.

Entre los despedidos hay periodistas, abogados, profesores, administrativos, ingenieros, médicos, fotógrafos, y entre los demandados se incluyen los ministerios, subsecretarías, gobernaciones e incluso el mismo Consejo de Defensa del Estado, que actúa como defensor en todos los casos.

En todas las demandas revisadas, los ex funcionarios públicos relatan que al momento de entregarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dio como ganador a Sebastián Piñera, se comenzó a evidenciar “un clima de gran inestabilidad laboral entre los funcionarios que se desempeñaban en cargos a los cuales accedieron o tuvieron su origen en la administración de la entonces Presidenta Bachelet”.

Dichos rumores aumentaron al darse a conocer informaciones de prensa que daban cuenta de instructivos para realizar dichas desvinculaciones.

Según la doctrina de la Contraloría General de la República, la decisión de poner término anticipado a una contrata debe contener hechos y fundamentos que “deben ser ciertos”. En algunos casos, aseguran los demandantes, en las notificaciones de despido se ha argumentado que se debe a una “reestructuración del perfil de cargo”, y que sólo se ha hecho un reemplazo con las mismas funciones y en algunos casos con un sueldo inferior.

El relato de los despedidos

Natalia Rojas comenzó a trabajar en la Subsecretaría General de Gobierno, específicamente en temas de participación ciudadana en la División de Organizaciones Sociales (DOS), el 15 de septiembre de 2014 bajo la modalidad de contrato a honorarios, el que se renovó anualmente.

En conversación con El Dínamo, Rojas comenta que ella quedó “súper dolida” por esta situación. “Si bien tú esperas que en algún momento te pueden echar por razones políticas, nunca esperas que sea de esa forma”, asegura.

Tras el 12 de marzo, relata, se reunieron con el nuevo subdirector de la DOS, Sebastián Lafaurie, quien tuvo muy buena acogida de la entrega de información por parte de los trabajadores. Una de las funciones de Natalia era la administración de una plataforma virtual de participación ciudadana, herramienta que según la ex trabajadora fue bien evaluada por las nuevas autoridades.

El problema, comenta, comenzó en una reunión que tuvieron con el nuevo subsecretario general de gobierno, Emardo Hantelmann, con quien se reunieron de improviso el miércoles 14 de marzo.

Natalia junto a otros cinco funcionarios fueron citados al encuentro, en el que, según cuenta, fueron tratados de manera despectiva y sin ser saludados por Hantelmann y su acompañante, Valeria Ponti Rissetti, muy distinto a lo vivido el día anterior. “Fue desagradable, en mis años de trabajo nunca me había pasado algo similar”, agrega Natalia.

“Él nos dijo, primero, que no tiene mucho tiempo para hablar y que a medida que nos fuera haciendo preguntas nos fuéramos presentando, diciendo nuestra función, diciendo si estábamos a contrata o a honorarios y lo más importante para él era cuando habíamos llegado al ministerio”, recuerda Natalia, lo que para ella era una manera de asociar su militancia a dicha fecha.

A su turno, Natalia respondió que ella llegó en 2014 y que fue cambiando de funciones a medida que fue perfeccionando sus estudios. Al momento de hablar de la plataforma a su cargo, relata, la autoridad le habría dicho de manera enfática “pásame la clave (de acceso), ahora”. Natalia respondió que eso no era posible ya que el acceso es con clave única, al igual que el Servicio de Impuestos Internos o el Registro Civil.

Ante esto, Hantelmann habría insistido, diciendo “esto no significa que te voy a echar mañana, pero mejor pásemela”. También “denigró y miró en menos”, según relata en su demanda, a la secretaria de la división, funcionaria que labora en el Estado desde los años ’80, “poniendo en duda su capacidad laboral deslegitimando su grado y sueldo asociado a su escalafón”.

Esta escena fue confirmada por otra de las personas presentes en la reunión a El Dínamo, quien ratificó la sorpresa ante las palabras de la nueva autoridad. La misma fuente -que pidió reserva de su nombre por temor a represalias- aseguró que en la división se asegura que habrá nuevos despidos en septiembre de este año. Agrega que a pesar de que los desvinculados fueron acusados de ser “operadores políticos”, los nuevos funcionarios que llegaron pertenecen principalmente a las juventudes de Renovación Nacional y la UDI.

Asimismo, en ese momento se le entregó, asegura Rojas, un informe de la gestión de los últimos cuatro años, ante lo cual Hantelman habría asegurado que no lo iba a leer. Posterior a esta reunión, fue desvinculada. Sin embargo, su notificación está fechada el 12 de marzo de 2018.

En su relato agrega otro detalle: “Cuando él llegó a la reunión venía con una lista con nombres, y algunos estaban rayados con distintos colores, entonces ya venía todo arreglado”. La razón de esto, especula, es porque ella ha estado vinculada a lo que llama “personas importantes” del Partido Socialista, del cual es militante y ha sido dirigenta a nivel comunal. “Ellos querían arrasar y como yo era a honorarios era más simple”, asegura.

“Yo no era una asesora política, yo tengo informes de los seminarios y todas las actividades desarrolladas, mi vida partidaria la hacía fuera de la oficina, como alguien que va a la iglesia o se va a meditar cuando está fuera de la oficina. Siento que esto fue una revancha”, asegura, quien aún se encuentra en búsqueda de trabajo estable en el ámbito de la participación ciudadana.

Una situación similar fue la vivida por la abogada Andrea Martones Reyes, quien trabajó en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud entre los años 2002 y 2011, para luego retomar sus funciones en 2015 hasta marzo de 2018.

Según se lee en su demanda, pese a no estar militando, “mi imagen era asociada a la Nueva Mayoría o en general, a tendencias políticas de izquierda”. Agrega que durante su juventud militó en el Partido Socialista, sin embargo, al momento de refichaje no se reinscribió.

Dicha asociación fue aún más evidente con un doloroso antecedente familiar que Martones relata: “En el año 2011, producto de un sumario administrativo que se me estaba realizando, tomé conocimiento de que el señor Jorge Hübner, quien en ese momento era el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública, había escrito de puño y letra en el expediente el nombre de mi padre “Enrique Martones Morales” acompañado de la frase “(Tejas Verdes)”, en una especie de organigrama familiar que no guardaba relación alguna con el contenido del sumario administrativo. (…) Efectivamente mi padre fue incluido en la nómina del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocido como Informe Valech, que da cuenta de que fue víctima de las torturas y vejámenes de la Dictadura Militar y como es de público conocimiento, este informe se mantiene en reserva hasta el día de hoy”.

Jorge Hubner se desempeña actualmente en el Ministerio de Salud, como jefe del departamento de asesoría jurídica del Ministerio, “departamento que guarda directa relación con las funciones que yo desempeñaba en la Subsecretaría”.

Martones relata además que cuando fue desvinculada en 2011 “inmediatamente terminado mi fuero maternal y en esta oportunidad, habiendo transcurridos apenas 19 días de asumido el segundo mandato de la administración de Sebastián Piñera fui desvinculada nuevamente”.

Entre sus funciones, la abogada menciona la formulación de proyectos de ley, como por ejemplo la Ley Ricarte Soto o el decreto supremo N°1, de 2015, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados.

En varias de las otras demandas ingresadas se incluyen los mismos procedimientos: llamados a reunión en los que las nuevas autoridades consultan acerca de trabajos anteriores, afiliación política e incluso a algunas mujeres se les realizaron preguntas personales, como estado civil, edad y con quien viven, según relatan en sus reclamaciones.

En otros casos, fue al día siguiente del cambio de mando en el que los funcionarios dejaron de cumplir sus funciones por instrucción de las nuevas autoridades. Fue el caso de la ex periodista del Ministerio del Medio Ambiente, Daniela León Miranda, quien relata en su demanda que fue citada a dos reuniones el mismo día 12 de marzo de 2018 por la nueva jefa de gabinete de la ministra, Camila Chadwick Costa, y la nueva jefa de la oficina de comunicaciones y prensa del Ministerio, Denise Peró Grand, su jefatura directa.

En la primera debió explicar sus funciones, y en la segunda, realizada dos horas después, se le notificó que “debido a mi cercanía con la administración anterior, en especial con el Ministro saliente (Sr. Marcelo Mena Carrasco), no poseían “confianza” en mi persona y en mi desempeño profesional, unido al hecho que ellas habían conformado un nuevo equipo de Comunicaciones (área en la que me desempeñaba), en el cual yo no estaba considerada, y que por lo tanto, me solicitaban que pusiera mi cargo a disposición de ellas, procediendo así a comunicarme mi desvinculación del Ministerio, despidiéndome de forma verbal”, haciendo efectivo del despido de forma inmediata, según se lee en la demanda.

El 12 de abril de 2018, León recibió en su domicilio una carta en que se le comunica el “término anticipado de designación a contrata”.

Subsecretaría de Redes Asistenciales y Subsecretaría de Salud Pública

En general, los ex trabajadores despedidos por alguna organismos estatal reclaman la vulneración de derechos fundamentales. En tanto, los montos de las indemnizaciones solicitadas por los trabajadores varían en función de los sueldos recibidos al momento del despido, los años de servicio, o los días que faltaban para que finalizara su contrato. Las cifras bordean desde los $20 millones hasta incluso los $567 millones.

Este último es el caso de la ex directora del Servicio de Salud de Arica, Ximena Guzmán Uribe, quien solicita dicha cifra como indemnización de perjuicios en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices.

Tras la revisión hecha por El Dínamo, se constata que la mayoría de las demandas pertenecen precisamente a las Subsecretaría de Redes Asistenciales y Subsecretaría de Salud Pública, y en ellas se repite el nombre de Rosendo Zanga, jefe de gabinete de la subsecretaria de redes asistenciales, Gloria Burgos Maraboli.

En su demanda, Guzmán relata que desde mediados de marzo de 2018, a través de llamadas telefónicas, Zanga “la presionaba a gritos a renunciar, a partir del 01 de Abril 2018, no aceptando que primero se tomara las vacaciones como en derecho le correspondían y sin comprender la imposibilidad de hacerlas valer en otro estamento público, pues cuando fue nombrada en propiedad en el cargo tuvo que renunciar al cargo anterior de Directora del Hospital Regional Juan Noé Crevani”.

Cuenta además que “la presión y el maltrato verbal llegó a tal extremo que mi representada sufrió una descompensación y crisis nerviosa tras ser increpada por el señor Zanga, que “nada tenía que hacer en Putre, … que quien la había autorizado …y otros epítetos soeces, … todo en un marco de gritos. Esto ocurrió en circunstancias que el viernes 23 de Marzo 2018 la actora en su calidad de autoridad de salud regional había subido a esa localidad a cumplir sus funciones, ante la alcaldesa de Putre”.

Finalmente, y tras varias llamadas del mismo tenor, Guzmán presentó su renuncia, tras lo cual recepcionó por mail una solicitud formal de renuncia.

Otra de las reparticiones en que más se repiten las demandas es en el Servicio de Gobierno Interior de la Gobernación de Chacabuco, presentaciones hechas principalmente por funcionarios administrativos quienes aseguran no tener afiliación política.