La Moneda analiza recurrir al TC para evitar que extranjeros reciban beneficios sociales

La Moneda sufrió una dura derrota en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, luego que se rechazara su indicación para que extranjeros deban residir al menos dos años para obtener beneficios sociales, como el Bono Marzo.

Frente a esto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, expresó que “consideramos que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros que están dadas principalmente en relación a su condición de arraigo”.

Junto con ello, disparó contra la oposición y de paso sostuvo que “nuevamente se genera un cuadro confuso, donde no se establecen nítidamente las condiciones que deben tener estos extranjeros en Chile. Hemos dicho en todos los tonos que queremos que los extranjeros vengan a Chile a contribuir y se arraiguen en nuestro país, pero queremos expulsar a aquellos que no cumplen con las normativas chilenas”.

En la misma línea, Ubilla adelantó que se analizará recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que no se logre revertir la decisión de la Comisión de Gobierno.

“Vamos a estudiarlo, porque creemos que hay un reparo de constitucionalidad (al eliminar) el segundo inciso, el cual establecía una restricción; (ahora, eliminándolo), se establece la universalidad, eso tiene un costo del Estado, y como tiene costo del Estado es de iniciativa del Presidente. Nosotros, el reparo constitucional, no lo hicimos hoy, lo vamos a estudiar. Hemos trabajado con seriedad esta materia, pero creemos que aquí hay un grupo de parlamentarios que no entiende”, expresó a La Tercera.

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini explicó el porqué fue rechazada esta indicación, apuntando que “en el Bono Marzo compartía con el Ejecutivo el hecho de que los que tengan residencia permanente puedan acceder recién a aquello, pero el problema es que la redacción de lo que establecía el gobierno era que también hoy un migrante con un contrato definido que estuviera en una condición regular, no iba a poder acceder a licencias médicas. Es una generalización profundamente errónea, bastante perversa por lo demás”.

La diputada Catalina Pérez justificó su voto en contra, argumentando que “el Gobierno se negó a llegar a un acuerdo y buscar una solución conjunta. ¿Por qué un migrante que paga impuestos, trabaja y cotiza no debería tener derecho, por ejemplo, a una licencia médica o a un fuero maternal cuando lo necesite?”.

Esta postura fue defendida por Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales (UDP), quien expresó que “me parece muy positivo el rechazo a la indicación presentada por el Ejecutivo, ya que desde los estándares internacionales sobre derechos humanos, que Chile está obligado a respetar, los derechos de las personas no pueden estar condicionados a la situación migratoria. En este sentido, estando regular o irregular la persona, debe procurarse que acceda, en el menor tiempo posible, al sistema de seguridad social. Hacerle esperar más tiempo no tiene sentido y es injusto”.