Asesor presidencial que lidera reforma previsional tiene acciones en consultora especializada en pensiones
La empresa PrimAmerica, cuenta con amplio prestigio tanto en Chile como en el extranjero, y que entre sus clientes estarían precisamente las AFP.
Augusto Iglesias, ex subsecretario de Pensiones en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se desempeña actualmente como asesor presidencial en la redacción de la reforma previsional que pretende impulsar el Ejecutivo, cuyo ingreso al Parlamento está comprometida para septiembre próximo.
Iglesias, economista de la Universidad Católica, es quien lidera el contenido del trabajo y coordina reuniones entre la mesa técnica con los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
Sin embargo, el medio PAUTA reveló que el asesor podría tener un posible conflicto de interés, dado que es uno de los propietarios de PrimAmerica, consultora especializada en asesoría de pensiones y seguros.
Según la publicación, dicha consultora cuenta con amplio prestigio tanto en Chile como en el extranjero, y que entre sus clientes estarían precisamente las AFP y compañías de seguros. Iglesias conoce de cerca el mundo provisional, considerando que entre 1992 y 1994 se desempeñó como asesor de la gerencia general de AFP Habitat y ha liderado seminarios y charlas sobre el sistema.
Consultado al respecto, Iglesias señaló: “Actualmente los socios gestores son Acuña, Martínez y Echenique. Yo soy socio, pero con un rol ‘pasivo’. Esto es, no participo de la gestión ni en proyectos de consultoría”.
“Hoy soy un asesor, sin ninguna responsabilidad de decisión, ni tampoco presupuestaria. Solo doy recomendaciones a quienes tienen que tomar las decisiones respectivas. No contrato a nadie; no tengo presupuesto de gastos asignado; no administro personal”, detalló.
A eso, agregó que “voluntariamente decidí marginarme de la gestión de PrimAmérica y no participar en ninguno de sus proyectos de consultoría en el país”, indicando que ésta no tiene contratos con el Estado ni con empresas públicas.
En materia de probidad, la ley obliga a las autoridades a desligarse de participar en empresas si estas explotan concesiones o entregan servicios al Estado, sin embargo no se pronuncia en el caso de asesores de alto nivel, como es el caso de Augusto Iglesias.
