Estado deberá pagar $80 millones de indemnización a 31 de los 33 mineros de Atacama
Los trabajadores permanecieron atrapados por 69 días en el yacimiento San José en 2010.
El Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 a cada uno de los 31 mineros de los 33 de la mina San José que demandaron al Estado.
Los trabajadores permanecieron atrapados por 69 días en el yacimiento de la Región de Atacama en 2010 y, según el fallo, se estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la empresa Minera San Esteban Primera S.A.
“Llama la atención entonces como, si en casi una década de funcionamiento e intermitentes cierres por accidentes, además del incumplimiento reiterado de las exigencias de seguridad en el trabajo, nada se indicara ante el no cumplimiento por la compañía minera de la ejecución adecuada de los proyectos presentados. Y que por el contrario mientras aumentaba la productividad y a la par la tasa de accidentabilidad, la entidad más importante en materia de resguardo de estos deberes no tomara medidas efectivas“, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “lo mismo puede decirse del Servicio de Salud y de la Dirección del Trabajo, quienes comparecieron cumpliendo protocolos en todos los accidentes laborales que ocurrieron, pero renunciando a su tarea de coordinación”.
Asimismo, en la resolución se descartó las argumentaciones del fisco respecto de la existencia de reparación por la serie de medidas adoptadas para rescatar a los mineros y los beneficios que se les entregaron posteriormente, al establecer la obligación de resarcir el daño moral causado a cada uno de los demandantes.
“En lo que se hace aparecer como ‘beneficios’ posteriores vinculados a la fama y el reconocimiento público, evidentemente, pertenece a otro orden de consecuencias o externalidades aparentemente positivas, pero que tornadas luego en negativas -según desarrolla en su relato la psicóloga Tamara Tapia Zubicueta- paradójicamente han implicado menor posibilidad de olvidar y superar. Sin contar con que dicha exposición mediada por el tratamiento de la prensa y las propias autoridades, se transformaron en un riesgo de afectación anímica y menor sociabilidad como sostiene los vecinos de algunos de ellos que también testificaron en esta causa”, concluye el fallo.
