El 59% de argentinos desaprueba al Gobierno de Macri durante crisis
El 43,2 % de los entrevistados valora positivamente la imagen del mandatario, 16,4 puntos menos que en agosto del año pasado.
El 59 % de los argentinos “desaprueba” el Gobierno de Mauricio Macri y cómo ha gestionado la crisis que vive el país, mientras que el 54,9 % tiene una imagen negativa del presidente, según un estudio difundido hoy por la consultora Analogías.
Los resultados de esta encuesta, realizada telefónicamente durante los días 1 y 3 de septiembre a 2.766 personas, indican que solo el 30,8 % “aprueba” el Gobierno y un 10,2 % tiene dudas.
El 43,2 % de los entrevistados valora positivamente la imagen del mandatario, 16,4 puntos menos que en agosto del año pasado.
Esta caída en la opinión de cómo se percibe al presidente comenzó en septiembre del 2017, una vez finalizaron las primarias para las elecciones legislativas de ese año.
Las problemáticas que más preocupan a los encuestados fueron la agenda económica, con el 54,9 % de los votos, al sumar un 36,1% por “la inflación y las tarifas” y un 18,8 % por el “desempleo”.
La corrupción ocupa el segundo puesto en las preocupaciones, con un 23,6 %.
Al ser preguntados sobre el pacto del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del pasado junio, que acordó un préstamo de 50.000 millones de dólares para eliminar incertidumbre en los mercados y afrontar el agravamiento de la caída del peso, el 51,9 % consideró que la economía crecerá si se anulan las negociaciones.
Solo el 27,2 % consideró que no se “debe romper con el FMI” y un 20,9 % tuvo dudas.
En esa línea, un 55,8% de los argentinos considera que la situación económica será “peor” dentro de un año, frente al 38,5 %, que considera que será “mejor”.
En paralelo, el 50,8 % de los entrevistados valoró que se debería “cerrar el ingreso” a las importaciones, que actualmente tienen un gran peso en el país, de aquellos productos que Argentina también produce.
Asimismo, el 69,9 % se muestra a favor de retrotraer las tarifas de energía y servicios públicos, que el Ejecutivo las aumentó exponencialmente en los últimos meses, a valores de 2016.
El Senado ya aprobó hace dos meses un proyecto para trasladarlas y el presidente aplicó el veto, al considerar que esa medida no atañía al Legislativo.
