Juez Mario Carroza condena a 20 ex miembros de la DINA por Operación Cóndor
Además, en el aspecto civil, se acogió la demanda presentada por familiares de las víctimas en primera instancia, donde el juez Carroza acepta resarcir a los cónyuges, hijos e hijastros de las víctimas llegando a un monto de $3.410 millones.
El ministro en visita Mario Carroza condenó a 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de 12 personas en la denominada “Operación Cóndor”.
El magistrado condenó a los agentes y brigadieres retirados del Ejército, Christoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumann a cumplir una pena de 17 años de presidio efectivo. Ambos están recluidos en el penal Punta Peuco por el asesinato del ex-comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats en 1974, en Buenos Aires, Argentina.
Los agentes Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda y Miguel Riveros Valderrama fueron sentenciados a una pena de 15 años y un día de presidio.
Mientras que en el caso de Carlos López Tapia y Gladys Calderón Carreño, la pena es de 10 años y un día. Mientras que para Eduardo Oyarce Riquelme, Héctor Valdebenito Araya y José Ojeda Obando fueron condenados a 7 años de prisión.
Gerardo Godoy García, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Torré Sáez y Orlando Manzo Durán cumplirán una pena de 5 años y un día.
En el caso de los agentes Jerónimo Neira Méndez, Hermon Alfaro Mundaca y Juan Urbina Cáceres se les sentenció a 301 días de presidio por su responsabilidad como cómplices. El agente Manuel Rivas Días fue condenado a 100 días de presidio por cómplice.
Según el documento judicial, la dictadura instituyó en 1975 “un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los Regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de Orden”.
En ese plan se desarrollaron los casos de secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler, Héctor Velásquez Mardones, Jacobo Stoulman Bartnik, Hernán Soto Gálvez, Matilde Pessa Mois, Ruiter Correa Arce y Ricardo Ramírez Herrera.
El análisis de los casos, “patentizan la apuntada cooperación y coordinación de los servicios de Inteligencia, en casos concretos, donde los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos”, detalla el fallo.
Además, en el aspecto civil, se acogió la demanda presentada por familiares de las víctimas en primera instancia, donde el juez Carroza acepta resarcir a los cónyuges, hijos e hijastros de las víctimas llegando a un monto de $3.410 millones.
