Rematan colegio en Rengo incluida su matrícula de 800 alumnos
"Lo único que nos importa es que el colegio continúe con la educación. El remate es una buena instancia para la continuidad de giro", aseguran los padres.
El próximo miércoles, a las 16:00 horas, será rematado el Colegio Antilén, de la comuna de Rengo, con sus instalaciones y la matrícula de 800 alumnos “funcionando”. Se trata del resultado de un conflicto entre los sostenedores originado en la Ley de Inclusión.
La información aparece hoy en El Mercurio, que también consigna que el centro de padres apoya la fórmula. “Lo único que nos importa es que el colegio continúe con la educación. El remate es una buena instancia para la continuidad de giro”, declaró Denisse Rojas, presidenta.
Por su parte, los profesores defienden la labor pedagógica que se ha hecho. “Pese a todos los problemas, el colegio tiene una buena trayectoria y resultados pedagógicos; acá el problema se generó por un tema administrativo”, señaló Carlos Garrido, jefe de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) de Antilén.
“La comunidad sigue confiando en el proyecto; el colegio está funcionando por su capital humano”, agregó el docente, quien también expresó que la solución les da lo mismo, pues lo primordial es continuar con el establecimiento.
Según la publicación, desde hace más de un año, los 13 socios de la Sociedad Educacional Antilén Limitada mantienen discrepancias. Los conflictos se originaron al tener que ponerse de acuerdo sobre cómo se adaptarían a la Ley de Inclusión.
La normativa ordena que los sostenedores de colegios que reciben subvención del Estado deben optar: o se transforman en establecimientos particulares y dejan de recibir el aporte público o forman una corporación sin fines de lucro para mantenerlo.
La mayoría de los socios se habría inclinado por la segunda opción, pero, según Jorge Durán, director y uno de los socios, “no se logró llegar a un buen término. Se pronunciaron varias fórmulas y nunca llegamos a un acuerdo entre nosotros”.
Según Durán, otro de los socios se adjudicó el título de representante legal, sin previa consulta, lo que provocó el quiebre. Afirma que no alcanzaron a informar la decisión al 31 de diciembre de 2017, plazo que estipulaba la ley. Tras esto, dejaron de recibir subvención estatal y apareció la idea del remate.
Consultado por la mención sobre los alumnos en el anuncio del remate, el Ministerio de Educación enfatiza que “es importante aclarar que lo que se está liquidando es el terreno, edificaciones y equipamiento del colegio; no su matrícula o reconocimiento oficial”.
