¿Aulas seguras?
"¿Qué hacer con aquel que transgrede gravemente la norma? La respuesta que se nos entrega hoy desde el proyecto Aula Segura es la exclusión, sacar la manzana podrida para convivir en paz y así alcanzar seguridad".
Alvaro Arrieta Núñez es Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares Director Pedagógico Fundación La Pelota
El pasado 20 de septiembre, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley Aula Segura, el cual apunta a otorgar mayores atribuciones a los directores para expulsar o cancelar la matrícula de aquellos estudiantes que cometan acciones graves, tales como portar, almacenar y utilizar armas, así como agredir y causar lesiones a adultos que trabajen en el establecimiento. El estudiante expulsado, de acuerdo a la normativa propuesta, debiese ser reubicado en otro establecimiento y recibir algún tipo de apoyo. Si bien actualmente el director tiene la facultad de expulsar a un estudiante -siempre y cuando las causas estén expresadas en el Manual de Convivencia Escolar-, se requiere de un proceso de al menos 25 días hábiles. El proyecto de ley presentado por el gobierno reduce ese tiempo a 5.
Resulta estimulante y provocador encontrarse con un proyecto de estas características. Estimulante, porque interpela a la discusión en torno al sentido de la escuela; provocador, pues devela la pérdida de un rumbo que se ha trazado hace años desde el MINEDUC: enfoque de derechos y promoción de la inclusión, desde una comprensión social de la educación.
Desde hace al menos 25 años, las políticas del MINEDUC se han alineado a las tendencias internacionales. La influencia de la UNESCO en los años 90 y actualmente de la OCDE, dan cuenta del reconocimiento de ciertos propósitos pedagógicos que se acercan a consensos globales. Por ejemplo, ya desde 1996, el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, La Educación encierra un tesoro -conocido como Informe Delors-, marcaba una ruta con los cuatro pilares de la educación del siglo XXI. Entre estos, aprender a vivir juntos emergía como piedra angular del documento, incluyendo el entendimiento mutuo y el diálogo pacífico como ideales a los que podía aspirar toda escuela.
Aprender a convivir, en la diferencia, en la disidencia, en el reconocimiento del otro. Esas fueron las premisas bajo las cuales se elaboró la Política de Convivencia Escolar el 2015, que fue crítica a la lógica instrumental del estudiante como problema, ante el cual se debían realizar acciones para “normalizar” sus conductas. Por el contrario, ahora se lo comprendía como sujeto de derecho, cuyas acciones responden a un contexto, a un sistema en el cual todo lo que sucede es multifactorial y donde cada uno de los miembros tiene una dosis de responsabilidad.
Conociendo las orientaciones pedagógicas del MINEDUC, ¿qué hacer con aquel que transgrede gravemente la norma? La respuesta que se nos entrega hoy desde el proyecto Aula Segura es la exclusión, sacar la manzana podrida para convivir en paz y así alcanzar seguridad. Por otra parte, se ignora que en la comisión de educación se encuentra aprobada por unanimidad la idea de legislar el proyecto de ley Escuelas sin violencia, que aborda la violencia en su complejidad, incluyendo sanciones que estén acompañadas de medidas correctivas pedagógicas, reconociendo también la violencia que ejerce la propia institución escolar sobre estudiantes, profesores y funcionarios.
Evidentemente, los hechos de violencia acontecidos en las últimas semanas no pueden ignorarse y debiesen ser enfrentados en su gravedad por las escuelas y liceos, incluyendo sanciones y acciones reparatorias. No obstante, en las instituciones escolares ya existen personas, instancias y mecanismos abocados a esta labor: Encargados de Convivencia Escolar, Consejos Escolares, Manuales de Convivencia, Planes de Convivencia y Formación Ciudadana, Protocolos de actuación ante situaciones graves, Equipos de Convivencia, etc. La estructura escolar aspira a la resolución de conflictos dentro de la escuela, con diversos actores en la toma de decisiones, desde una realidad situada.
A partir de los fundamentos del MINEDUC, no es difícil comprender la antinomia que subyace del proyecto Aula Segura: control, vigilancia, sanción, disciplina, castigo.
Sin olvidar el abordaje urgente de la violencia, siempre es sano analizar las implicancias simbólicas de las acciones que se proponen, pues constituye una buena forma de comprender hacia dónde caminamos. Es complejo y desafiante para las escuelas proyectarse con las contradicciones de la política pública y sus permanentes actualizaciones. En una primera mirada, el proyecto Aula Segura siembra inseguridad ante ese rumbo común.
