Maipú arriesga multa de hasta $5.700 millones por incumplimientos en su sanitaria: 0% en metas 2018

Este lunes 22 de octubre, el superintendente de Servicios Sanitarios (s), Gabriel Zamorano, envió un oficio al director subrogante del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA), Gonzalo Torres, con una dura advertencia. En el organismo fiscalizador existe “gran preocupación por los bajos avances” de la ejecución de inversiones comprometidas en su Plan de Desarrollo para 2017 y el año en curso.

El objetivo del cronograma de la concesionaria -con plazos autoimpuestos- es realizar inversiones para “reponer, extender y ampliar sus instalaciones, a fin de responder oportunamente a los requerimientos de la demanda de servicios”, en este caso de Maipú, municipalidad que tiene a cargo la única y última sanitaria pública del país. Ésta, además, le significa cuantiosas utilidades que son usadas en programas sociales de la comuna.

La ejecución del plan ha sido irregular desde que comenzó en 2013. Ese año el cumplimiento fue 0%, de acuerdo a los registros del organismo fiscalizador; los tres siguientes años -bajo la conducción de Christian Vittori- se logró el 97%, 95% y 71%, respectivamente. El año pasado, en tanto, la cifra alcanzó un escaso 5%, con la alcaldesa Cathy Barriga administrando Maipú.

Pero el año en curso, según un análisis hecho por la Asociación de Funcionarios de SMAPA, tendrá cifras aún más bajas, puesto que “a la fecha no se ha realizado ninguna obra comprometida para 2018” en el Plan de Desarrollo, con un presupuesto de $15 mil millones para ello, y pese a que su financiamiento es cobrado mensualmente a los vecinos en las boletas de cada mes sin importar el cumplimiento de éste.

Por otra parte, las adjudicaciones aprobadas hace un mes -la construcción de nueve pozos- corresponden a ejecuciones del año 2016 y 2017, que no aún tienen considerado el presupuesto para las obras complementarias -hidráulicas y eléctricas- que deben realizarse.

“Se solicita a la empresa adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al Programa de Inversión comprometido (…). Esta Superintendencia debe adoptar las acciones administrativas que la legislación establece para los casos de incumplimiento. Esto es sanciones de ‘cincuenta y una a diez mil unidades tributarias anuales’”, afirma el documento. Es decir, el monto a pagar fluctúa entre $29.385.792 y $5 mil 761 millones de pesos.

El documento agrega que la empresa está obligada a ejecutar las obras rezagadas de los años anteriores, situación que es evaluada anualmente por la superintendencia, “por lo que SMAPA debe dar máxima prioridad a la ejecución de las mismas”, afirman. La normativa de las concesiones sanitarias también incluye la posibilidad de la caducidad de ésta ante un prolongado incumplimiento. Al interior de la Municipalidad hay quienes piensan que esto puede abrir la puerta a la privatización de la empresa.

Meses de advertencia

El oficio de este lunes no es el primero que envía la SISS a SMAPA. A lo largo de este año ha habido una serie de comunicaciones por parte del organismo fiscalizador, advirtiendo problemas relacionados a la entrega del agua a los más de 750 mil usuarios que provee y poniendo sobre la mesa las primeras falencias en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

En medio de esto, la preocupación fue creciendo al interior de la Asociación de Funcionarios. La directiva ha solicitado reuniones y enviado cartas a la alcaldesa y a los concejales, dando a conocer la delicada situación en que se encuentra la sanitaria, haciendo hincapié en las consecuencias de no actuar a tiempo y pidiendo priorización del presupuesto municipal “con urgencia”para poder ejecutar las obras pendientes.

En los documentos enviados -firmados por Pedro Aguirre (presidente de la Asociación), Marco Castillo (secretario) y Marcelo Barrales (tesorero)-, los trabajadores hacen un detallado estado de situación. El 1 de agosto llegó a Cathy Barriga la última carta del gremio con la alerta; hasta la fecha no han recibido respuesta de ningún tipo.

Tres semanas después, los concejales volvieron a recibir una comunicación similar con el detalle de las más de 120 obras de infraestructura pendientes. Una de las pocas que respondió fue la concejala Marcela Silva, quien solicitó a los organismos competentes mediante un oficio que se pronunciaran y confirmaran la información que los funcionarios habían entregado.

En el Concejo afirman que han sido informados de la situación y que han buscado presionar para que haya soluciones, pero insisten en que “la alcaldesa es la única que puede decidir dónde inyectar recursos”, según afirma el concejal Ariel Ramos, quien es presidente de la comisión de SMAPA. “Los diez concejales estamos al tanto y transversalmente hemos querido buscar una solución para esto. Pero lo que nosotros podemos hacer y hemos hecho es aumentar la fiscalización de que esto se cumpla”, agrega.

Presupuesto 2019

Este viernes a las 11 de la mañana sesionará la Comisión SMAPA, presidida por Ramos, a la que está invitado el director de la empresa -quien rechazó conversar con El Dínamo– para exponer cuáles son los montos que se necesitan para el plan correspondiente a 2019. Estos debiera ser incorporados en el presupuesto municipal que ya se está trabajando.

El objetivo es evitar lo que ocurrió este año, cuando el erario no fue firmado por ninguno de los concejales de oposición, quienes se negaron a hacerlo porque la alcaldesa se presentó a muy pocas sesiones donde se discutieron los detalles y no querían hacerse responsables de las consecuencias. Luego, asistió pocas veces a las sesiones que se han hecho modificaciones presupuestarias.

Silva también se ha reunido en ocasiones con el director de SMAPA para buscar una solución y evitar poner en riesgo la sanitaria, que además es fuente de financiamiento de varios programas sociales de la comuna -principalmente educación- gracias a sus millonarias utilidades, que van entre los $4 y $6 mil millones anuales, misma cifra a la que podría llegar la multa de la SISS. Desde el Municipio afirmaron que la alcaldesa se encuentra en Isla de Pascua desde este jueves y desestimaron una respuesta formal sobre estos hechos.

“No hay voluntad de la administración de hacer esas obras. Los fondos están, pero se están usando de mala manera, porque se ocupan para hacer decenas de eventos, pero para invertir en SMAPA no hay recursos. Ella ha dicho que no quiere poner en riesgo la empresa, que es el ‘oro de Maipú’, pero no se hacen las obras. Se prefiere inyectar 1.800 millones en un programa de médicos a domicilio, que a mi juicio no ha sido positivo porque ni siquiera contestan los teléfonos, al mismo tiempo que hay un déficit enorme en salud. Desde los consultorios nos reclaman que no hay insumos ni profesionales. Entonces, priorizan por un lado pero no ponen recursos donde debieran”, critica.

La Asociación de Funcionarios agrega: “Ante el peligroso escenario que nos encontramos, se hace indispensable aprobar el Presupuesto 2019 con la inclusión de todas las obras comprometidas y pendientes de los años 2016, 2017 , 2018 y 2019, y así poder salir de esta incómoda situación, demostrando que realmente que queremos un SMAPA 100% municipal y que no sea solo un eslogan”.

¿Perder la concesión?

El Plan de Desarrollo es un instrumento que busca que la concesionaria cumpla a lo largo del tiempo una serie de obras y se aplica a todas las empresas por igual, a través de un cronograma de inversiones. El cumplimiento o no de éste -por parte de una fiscalización constante de la SISS- abre el camino para procesos sancionatorios, si las faltas fuesen graves y recurrentes.

Así lo explica Rodrigo Peña, jefe de la Oficina Metropolitana de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien apunta a que ante incumplimientos o altas al compromiso con la calidad del servicio se abre el camino para sanciones “después de un proceso administrativo que se hace a todas las empresas y que garantiza la imparcialidad del proceso”, lo que puede derivar en un expediente sancionatorio. Eso puede resolverse desde una absolución hasta una millonaria sanción. “Si se evidencian incumplimientos, se abren procesos sancionatorios”, dice.

“Todo el proceso de fiscalización es largo y en él se determina a cuáles concesionarias se les abrirá un proceso sancionatorio, a través de la fiscalía de la Superintendencia. En SMAPA, por lo ocurrido en 2017, hoy está en el término del proceso de fiscalización, donde se terminan de recopilar los antecedentes y tras eso podría pasar eventualmente a fiscalía para abrir un expediente sancionatorio”, agrega.

Peña explica que no existen plazos para estos procesos, pero que la Superintendencia trata de administrarlos en el menor tiempo posible. La ley también contempla la posibilidad de caducar una concesión, si se determinan “fallas reiteradas en la calidad del servicio y a lo largo del tiempo, además del incumplimiento en los planes de desarrollo”, que finalmente repercuten en un mal servicio para los clientes.

En esa línea, el jefe metropolitano de la SISS afirma que en estos casos la caducidad no es automática y que debe pasar por una serie de procesos, “una serie de etapas”, siendo la última instancia el término de la concesión.