Ex ministra acusa a Trudeau de frenar investigación por fraude a empresa
Según Jody Wilson-Raybould, se le solicitó la renuncia por no acceder a la postura del gobierno de sellar el caso con un acuerdo extrajudicial.
Cuando quedan ocho meses para las elecciones en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau enfrenta uno de los mayores escándalos en su gestión, luego de que su ex ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, acusara a su círculo íntimo de frenar la investigación por fraude contra una gigante de la ingeniería, la empresa SNC-Lavalin.
Esto ocurrió en medio del testimonio que entregó la ex secretaria de Estado ante el comité de Justicia del Parlamento, quienes indagan la eventual intromisión de altos funcionarios del gobierno en el proceso judicial que lidera el Fiscal General.
“Entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté un esfuerzo constante y sostenido por parte de muchas personas dentro del gobierno para tratar de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción fiscal, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de procesamiento diferido con SNC-Lavalin”, señaló en la instancia, donde también aseguró haber recibido “amenazas veladas” y sugerencias de evitar “un conflicto con el primer ministro en esos asuntos”.
El debate instalado radica en si la firma debería enfrentar a la justicia por los cargos de corrupción y sobornos, o si el Ejecutivo ofrecería un acuerdo externo para así evitar un colapso de la empresa que haría perder más de 8.700 empleos dentro del país. De esta manera, mientras Wilson-Raybould optó por la primera, el entorno de Trudeau presionó para que optara por la segunda.
Según lo publicado por The Guardian, el primer ministro canadiense aseguró que tanto él como su personal actuaron de manera adecuada, por lo que negó cualquier tipo de participación directa y que le había dejado claro a Wilson-Raybould que cualquier decisión sobre el caso “como la fiscal general era solo suya”, y desestimó los llamados a su renuncia.
SNC-Lavalin fue acusada en 2015 de corrupción por haber ofrecido 47 millones de dólares canadienses (36 millones de dólares) en presuntos sobornos a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011, con el fin de asegurar contratos gubernamentales mientras Muamar Gadafi estaba en el poder. Junto con eso, se les acusa de defraudar al gobierno libio por 130 millones de dólares canadienses (98 millones de dólares estadounidenses).
