Uruguay: Fracasa consulta popular que buscaba derogar ley que favorece a personas trans
Un 25% de quienes estaban habilitados para votar debían hacerlo, pero solo se presentó un 8% de la población.
Es un hecho. La Ley integral para personas Trans seguirá vigente en Uruguay.
Una iniciativa impulsada por el dirigente del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, buscaba realizar un referéndum para intentar derogar la ley, pero fue un rotundo fracaso.
La la consulta popular -no obligatoria- debía alcanzar 650 mil votos para convocar un futuro referéndum en octubre. Es decir, un 25% de quienes estaban habilitados para votar debían hacerlo, pero solo se presentó un 8% de la población en las mil casetas para la votación instaladas por la Corte Electoral de Uruguay.
Colette Spinetti, una de las portavoces del colectivo trans, dijo a Efe sentirse “plena, tranquila y feliz” por el logro”de la comunidad trans y del pueblo uruguayo. Los uruguayos dijeron sí a los derechos y a la igualdad. El pueblo tiene un compromiso con la defensa de los derechos humanos y eso es lo que me da más alegría”.
Por su parte, el impulsor de la consulta, Carlos Iafigliola, aseguró que no descarta la posibilidad de intentar la derogación por la vía parlamentaria. “La ley trans rompe el principio de igualdad, otorgando a las personas trans derechos especiales. La transexualidad no es una fuente de derechos especiales, como no lo es la heterosexualidad”, aseguró.
En Uruguay, la Ley Integral para Personas Trans establece la diferencia entre identidad de genero y expresión de género, y compromete a los organismos públicos a cumplir un cupo laboral del 1% de las vacantes anuales del Estado con personas trans. Junto a ello, incluye de la posibilidad de hacer los cambios registrales según la identidad de género y un régimen reparatorio para quienes hayan sido víctimas de violencia institucional.
En nuestro país, el Congreso aprobó la Ley sobre Identidad de Género, que permite que las personas transgénero mayores de 14 años modifiquen su nombre y género en los registro públicos. Sin embargo, aún no se puede aplicar porque no se han aprobado los reglamentos en Contraloría.
