Colombia: protestas contra el abuso policial dejan 13 personas muertas y más de 400 heridos
Las manifestaciones se produjeron por el homicidio de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años, a manos de tres uniformados.
Al menos 13 personas han muerto y otras 400 han quedado heridas en Colombia tras dos noches de intensas protestas por la muerte de un hombre a manos de la policía.
Los disturbios más violentos se produjeron en Bogotá y Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana, aunque también hubo manifestacioes en otras ciudades del país como Cali, Medellín, Ibagué, Mosquera y Madrid.
El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reportó el día de hoy 13 muertos, 209 civiles heridos y 194 policías lesionados. Además de decenas de buses destruidos, trece de ellos incendiados y sesenta estaciones de policía dañadas.
Asimismo, pidió perdón por el homicidio de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años, a manos de tres uniformados con pistolas de electroshock, el martes pasado en un barrio del oeste de Bogotá.
“La policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dijo Holmes Trujillo.
La defensa de la víctima aseguró que los policías “masacraron” a golpes a Ordóñez en la comisaría donde lo condujeron tras someterlo repetidas veces a descargas con un arma eléctrica.
“Tengo las fotos de cómo quedó la víctima (…) a Javier se le masacró, se cometió un delito de homicidio agravado y un delito de tortura, por lo menos, un abuso de autoridad”, dijo el abogado Vadith Gómez a Blu Radio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial” en Colombia.
En su cuenta de Twitter, el organismo internacional hizo mención al caso de Javier Ordoñez, que el martes murió “como consecuencia de los golpes y descargas eléctricas propinadas por agentes policiales mientras se encontraba sometido en el piso”.
“El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”, dijo la CIDH.
