Aumento en tomas de terrenos deja en evidencia la crisis habitacional en Argentina

Los mediáticos desalojos en las tomas de tierras de Guernica y Entre Ríos en Argentina han develado la grave crisis habitacional que sufre ese país hace décadas y que se ha agudizado en medio de la pandemia del coronavirus.

Durante la semana pasada se registró el desalojo de más de dos mil quinientas personas en distintas tomas de terreno ilegales en la capital del país vecino.

El déficit sistemático de viviendas para la población de Argentina ha aumentado a niveles históricos principalmente por las dificultades económicas de la gran mayoría de la población para acceder a una vivienda y también a los servicios básicos.

“Es difícil hablar de crisis habitacional y buscar un solo parámetro de por qué estamos como estamos, aunque una de las razones es que Argentina tiene un problema grande de dispersión geográfica y mucha concentración de habitantes en las ciudades. Además, el problema también radica en el difícil acceso que hay de tierras y de crédito por lo que las personas quedan muy alejadas de resolver sus problemas habitacionales, más allá de un arriendo transitorio”, señala a EL DÍNAMO el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Marcelo Corti.

Déficit habitacional

A pesar que el artículo 14 de la Constitución Nacional habla del derecho a una “vivienda digna”, la Secretaría de Vivienda señala que la crisis habitacional en Argentina alcanza a 3,5 millones de familias, quienes viven en los más de 4 mil barrios informales que existen actualmente.

De estos 3,5 millones, el 40%, es decir 1,3 millones de personas, necesita una nueva vivienda. Además, un tercio de esas familias es pobres y está desempleadas.

Según la estimación del gobierno, haría falta una inversión de 26 millones de dólares para solucionar la situación de estas familias.

Junto a ello, una investigación de este año de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios señaló que en Argentina hay 12,2 millones de hogares y 16% pertenecen a viviendas arrendadas, es decir, equivalente a 2 millones de familias.

Según La Nación, cada año, Argentina genera alrededor de 210.000 hogares, de los cuales 35.000 no llega a lograr un techo para vivir.

“Esta crisis se complica aún más porque tenemos un área en la provincia de Buenos Aires donde está el cordón de pobreza urbana más grande del país”, indica Marcelo Corti.

Imagen: @laradiodelsur

Programa Argentina Construye

En mayo de este año, el gobierno de Alberto Fernández lanzó el Programa Argentina Construye que tiene por objetivo entregar créditos para la construcción de 5.500 viviendas en sectores populares y 248 mil créditos más para ampliar las vivienda.

Sin embargo, los detractores del programa indican que estos beneficios son insuficientes para el problema real que hay en relación a la crisis habitacional en Argentina que afecta a los 3 millones y medio de personas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat señalan que el objetivo de este programa es “atender, en forma progresiva y en tanto lo permitan las autoridades sanitarias Nacional y de las jurisdicciones, las urgencias vinculadas a las problemáticas de la vivienda, de las infraestructuras sanitarias y del equipamiento urbano, dinamizando la economía”.

Además de los créditos para la vivienda, el programa también incluye la creación de un total de 754.734 puestos de trabajo. “Queremos reducir el déficit habitacional, lograr un reequilibrio territorial y ejecutar políticas de hábitat que nos permitan crecer ordenadamente como país”, manifestó la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa a Telam. 

También se creó la inscripción para acceder a créditos hipotecarios de hasta 3,5 millones de pesos argentinos para construir un máximo de 60 metros cuadrados y otros de hasta 1,5 millones de pesos para ampliaciones de 30 metros.

“Argentina necesita una estrategia nacional para enfrentar este déficit de vivienda y esto era justamente por lo que fue creado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: encarar este tipo de problemas de manera más integral, sumado a la creación de empleos genuinos. Solo de esta forma se podrían desarrollar distintos polos y a partir de ahí generar un ecosistema productivo. La idea también es descentralizar las ciudades porque debemos aprovechar la superficie que tenemos en el país”, indica Corti.

Tomas ilegales

“Toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables”, manifestó Juan Grabois, fundador del Movimiento Social de Trabajadores Excluidos (MTE) y líder del Proyecto Artigas, organización que “lucha por la dignidad de los descartados por el sistema capitalista”.

“Nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho y no un delito”, señaló Grabois en medio del desalojo en la estancia Casa Nueva perteneciente a la familia Etchevehere.

El conflicto de la toma ilegal de la estancia Casa Nueva de Entre Ríos, se generó luego que Dolores Etchevehere ocupara junto a Juan Grabois y otros integrantes del Proyecto Artigas el campo Casa Nueva. Sin embargo, la madre y los hermanos de Dolores sostienen que ella cedió los terrenos sobre los que ahora reclama titularidad y en los que integrantes del Proyecto Artigas vivían y desarrollaban actividad agropecuarias.

Tras un fallo judicial, los militantes del Proyecto Artigas fueron desalojados y Dolores Etchevehere fue detenida.

En julio, más de mil personas se tomaron 5 mil hectáreas de un predio en Guernica en Buenos Aires. Allí levantaron un gigantesco campamento y tras casi 100 días de infructuosas negociaciones, la justicia trasandina ordenó el desalojo que terminó con  25 personas heridas y más de 30 detenidos el viernes pasado.

Tras ese desalojo, un nuevo despliegue policial terminó con otra ocupación de un predio ubicado el distrito de Escobar, también en la provincia de Buenos Aires. Más de 60 familias debieron dejar la toma ilegal que mantenían hace más de un año.