Expertos piden reformas a la legislación de aguas de Chile: Son factibles y urgentes

El pasado jueves 16 de mayo se desarrolló el seminario “Agua, bien común, derecho humano y derecho colectivo”, organizado por el Observatorio Ciudadano, el Programa Chile Sustentable y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile.

La cita tuvo por finalidad contribuir al debate sobre los procesos de reforma a la Constitución y al Código de Aguas, con miras al reconocimiento jurídico del agua como derecho humano y colectivo, consigna Chile Sustentable.

Ante un lleno total, los invitados expusieron respecto de la necesidad de modificar la actual legislación hídrica del país, luego de los últimos acontecimientos en materia de aguas en Chile, coronados por la reciente marcha ciudadana por el agua del 22 de abril.

La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, subrayó en su intervención que existe un consenso generalizado respecto a las inequidades y abusos que existen en la distribución y acceso al agua en nuestro país.

En esta línea indicó que bajo el actual régimen jurídico, cuyos orígenes se remontan a 1981, el Estado ha otorgado derechos de propiedad sobre las aguas en forma gratuita y a perpetuidad, permitiendo el lucro y la especulación en un verdadero “mercado de las aguas”. Esta situación ha favorecido la concentración de las aguas en manos de grandes empresas productivas y extractivas, mientras hay familias y comunidades en serio peligro por contaminación, sequía y falta de acceso a este recurso vital, especialmente en el norte del país.

A su turno, la ex ministra de Medio Ambiente y representante del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Ana Lya Uriarte, sostuvo que el actual código de aguas ha privilegiado la dimensión económica del agua, dejando de lado sus dimensiones sociales y ambientales, “siendo esta última por lejos la más olvidada”, dijo.

Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, detalló que el acceso al agua es un derecho humano reconocido a nivel internacional y que es exigible al gobierno, porque el país ha suscrito las convenciones y acuerdos sobre esta materia ante Naciones Unidas.

El abogado Pablo Jaeger, ex jefe legal de la Dirección General de Aguas (DGA) criticó duramente al modelo, recordando al auditorio que el Código de Aguas vigente se aprobó en dictadura. Sin embargo, cuestionó la forma en que las organizaciones sociales están exigiendo la recuperación de las aguas, señalando que dado que el derecho de agua es un derecho de propiedad, el gobierno se vería obligado a indemnizar a los actuales dueños, en caso que un cambio en la legislación avalara el desconocimiento de su propiedad sobre el agua y autorizara su expropiación.

Los casos y sus rostros

El segundo panel recogió los testimonios de dos organizaciones ciudadanas que, con estrategias distintas y desde realidades diversas, luchan por defender su acceso al recurso hídrico.

Luis Soto, del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA) se refirió a la extracción ilegal de agua que realizan grandes agricultores en Petorca, en desmedro de pequeños campesinos y las familias.

Soto destacó que la denuncia de este hecho ha significado que el ministro de Bachelet y Frei, Edmundo Pérez Yoma, dueño de uno de estos predios y principal sospechoso de extracción ilegal, haya interpuesto una demanda en contra de Rodrigo Mundaca, dirigente de la organización, señalando que las acusaciones habrían afectado su honra.

En tanto Héctor Canales se refirió a la lucha de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo para evitar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en la cuenca hídrica que abastece el agua de la región.

Según denunció, el desarrollo de este proyecto pondría en riesgo no sólo la biodiversidad y calidad de vida de los habitantes del Maipo, sino también la seguridad en el abastecimiento de agua potable para Santiago.