Costos de la judicialización: Proyectos mineros y energéticos frenados superan los US$40 mil millones
La región de Atacama concentra los principales proyectos "parados", destacando las minas de oro Cerro Casale y El Morro, según un catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital que también menciona a Hidroaysen.
Los sectores más afectados por la judicialización de proyectos citada por el primer mandatario en su cuenta publica de este martes, el rechazo ciudadano o los aumentos de costos corresponden a los de Minería y Energía; así lo confirmó el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), que en su último informe contabiliza 18 grandes iniciativas del sector minero y energético paralizadas, desde el primer trimestre de 2010 al primer trimestre 2013.
La lista incluye iniciativas con presupuesto que llegan a un total de US$40.687 millones, cifra no menor, ya que es similar al Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, o cerca del doble del producto de Bolivia o Paraguay, consigna La Segunda.
La iniciativa “parada” con mayor peso corresponde al polémico proyecto Hidroaysén. Según la CBC, las cinco centrales junto a la línea de transmisión costarían US$7.830 millones.
“Aunque el proyecto de generación cuenta con aprobación ambiental, tiene una fuerte oposición ciudadana. Se percibe un proceso igual o más complejo para el trámite ambiental de la línea de transmisión”, indica el reporte de la Corporación.
A continuación, en función de su nivel de inversión, se menciona al proyecto minero Cerro Casale, de la firma canadiense Barrick Gold, que requeriría US$6.000 millones para su ejecución.
El proyecto ubicado en la Región de Atacama y que apunta a la extracción de oro y plata, no posee un cronograma de ejecución. Barrick optó por frenar su avance técnico a la espera de resolver conflictos con las comunidades locales junto a mejores condiciones de precios en los insumos para avanzar.
En tercer lugar, en tanto, se sitúa la Central Castilla, la ambiciosa central termoeléctrica que buscaba instalar MPX del magnate brasileño Eike Batista en asociación a la alemana E.ON. El proyecto contaba con un presupuesto de US$5.300 millones para ejecutar la central que se emplazaría en la Región de Atacama. Sin embargo, el fallo de Corte Suprema que revocó el permiso ambiental que se le había otorgado echó por tierra las intenciones.
Los responsables de esta iniciativa indicaron que aún no está “totalmente descartada”, no obstante, conocedores de la industria comentan que la firma estaría trabajando en reformular el proyecto, quizás aprovechando el gas natural licuado (GNL) con el que cuenta MPX.
Otro proyecto frenado que merece mención es de El Morro, de la firma canadiense Goldcorp, que también carece hoy de cronograma de ejecución; esto tras el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la calificación favorable que había entregado la Comisión Ambiental regional, a raíz de un recurso judicial presentado por una comunidad indígena local.
