Senado: Para este miércoles aplazan discusión de la polémica Ley de Concesiones Eléctricas

A lo largo de varias horas de tenso debate, en que la Sala del Senado analizó las 40 indicaciones presentadas al  proyecto de Ley de Concesiones Eléctricas y Servidumbres, los legisladores avanzaron en el despacho del articulado del proyecto que se encuentra en segundo trámite; sin embargo, finalmente optaron por continuar con la discusión de esta polémica iniciativa en la sesión de este miércoles a partir de las 16:00 horas y hasta su total despacho.

En esta nueva jornada se abordarán en particular una serie de materias que quedaron pendientes y que incluyen los temas de la oposición u observaciones a las solicitudes de concesiones, la notificación y toma de posesión de los predios; la indivisibilidad de las concesiones; los años de duración de las concesiones, junto a uno de los puntos más complicados y que más desacuerdo han provocado entre los senadores y que dice relación con el Artículo 34 relativo a la consulta a los pueblos originarios.

Igualmente quedó pendiente de parte del Ejecutivo la redacción de una nueva indicación relativa al procedimiento para la información y conocimiento de las solicitudes de concesión.

Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, se mostró preocupada al afirmar que “en general se están aprobando los artículos tal cual salieron de la Comisión, sin resguardar la consulta indígena previa, sin exigir trazados alternativos en áreas silvestres protegidas, sin ampliar la concepción de afectados desde solamente los propietarios a otros interesados y también se redujeron las causales de reclamación”, consigna Radio Universidad de Chile.

Las polémicas en torno a la “Ley HidroAysén”

Tal como en la sesión de pasado 19 de junio en la que se avanzó en zanjar los puntos que no fueron modificados en la Comisión de Energía y Minería y otras disposiciones de quórum, la revisión de la iniciativa estuvo caracterizada por los cruces de declaraciones entre los legisladores que defienden la iniciativa y aquellos que la rechazan con vehemencia e incluso la definen como una norma en favor de la industria o como la Ley HidroAysén.

Uno de los temas que generó mayor debate fue la aprobación -por 16 votos a favor y 8 en contra- de una propuesta que hizo la Comisión de Minería del Senado, en orden a eliminar del texto propuesto por la Cámara la obligación de realizar la consulta a los pueblos indígenas, -en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT- siempre y cuando se trate de concesiones provisorias.

Asimismo se dispuso que -en esta etapa- también se exime de la obligación de buscar alternativas de trazado cuando la concesión provisoria se proyecte en terrenos de áreas silvestres protegidas.

Los senadores Orpis, Prokurica, Rincón, García Huidobro y García Ruminot explicaron que se trata de dejar establecida una sola consulta a los pueblos originarios en el artículo N°34 del proyecto que establece que ésta se realizará una vez adjudicada la concesión y como requisito antes de que se realicen las obras. Asimismo expresaron que en forma inédita se deja establecido en una legislación sobre concesiones esta obligación de realizar una consulta en un proceso de concesión y no dos o tres a nivel preliminar como se contemplaba.

Respecto a la obligación de buscar alternativas de trazado en el caso de concesiones en áreas silvestres protegidas, los legisladores aclararon que dicha norma ya se contempla explícitamente en el artículo N°11 de la iniciativa. Por lo tanto, ambas materias ya estarían abordadas en el texto legal.

Por su parte, los senadores Horvath, Letelier, Navarro, Tuma, Quintana, Gómez, Espina y Pérez San Martín se mostraron contrarios a este criterio. Algunos lo consideraron incluso “una grave aberración” y una contradicción con los principios adoptados por el propio Gobierno en relación a al procedimiento de la consulta a los pueblos originarios.

Señalaron que “permitir la consulta una vez que está otorgada la concesión y antes que se inicien las obras no cumple con los parámetros del Convenio 169 de la OIT” y solo contribuirá a ahondar las desconfianzas. Especial énfasis en este punto realizaron los senadores por la región de La Araucanía (Eugenio Tuma, Jaime Quintana y Alberto Espina) y los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos (Juan Pablo Letelier y Lily Pérez) quienes solicitaron respetar el compromiso del Gobierno con los pueblos originarios. Por todo lo anterior el debate de  está materia quedó pendiente para hoy.

Entre las normas aprobadas se cuenta aquella que exime -en el caso de concesiones provisorias- la obligación de informar al Ministerio de Bienes Nacionales cuando se afecten terrenos fiscales. Esta fue refrendada por 22 votos a favor y 9 en contra.

Asimismo se aprobó por 19 votos a favor y 9 en contra, la disposición que establece la publicación de las solicitudes de concesión y del respectivo mapa en la página web de la Superintendencia y de los municipios afectados.

Otro tema que concitó el interés fue la aprobación de la norma que restringe las observaciones a las solicitudes de concesión provisoria a los requisitos explicitados.  Similar debate se produjo con la aprobación por 20 votos a favor y 6 en contra de la disposición que establece que “la Superintendencia pondrá al solicitante en conocimiento de las observaciones para que las conteste en un plazo máximo de 30 días, debiendo desechar de plano aquellas alegaciones distintas de éstas”.

Presunta inhabilidad 

El inicio de la sesión en tanto, intervinieron los senadores Patricio Walker y Ximena Rincón quienes solicitaron al Secretario General del Senado, Mario Labbé un pronunciamiento sobre si procedía una presunta inhabilitación de ambos legisladores por contar con familiares ligados a una empresa de energía solar, en el caso del senador Walker o a una empresa de gestión de servicios eléctricos, en el caso de la senadora Rincón.

Por estas razones, solicitó también a la Comisión de Ética que se pronuncie por su votación, durante la tramitación del proyecto, en primer trámite, porque ella se mantiene en régimen de separación de bienes y fuera de la participación accionaria de dicha empresa. Se sumó a estas inquietudes el senador Ignacio Walker.

Al respecto, el Secretario General dio cuenta de un pronunciamiento en tal sentido que hizo la Comisión de Constitución en relación a la aplicación del artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y del artículo 8° del Reglamento del Senado.

Tras revisar la norma, el Secretario General aclaró que “considerar a senadores impedidos para efectos de votar materias de índole general paralizaría el Congreso Nacional por cuanto no son reemplazables e impediría resolver materias de quórum especial”. Eso “no obsta a que el propio senador pueda señalar la materia y decidir personalmente”.

Si quieres revisar el detalle de la votación de los legisladores, pincha este link.