Revisa las 6 claves del programa energético de Michelle Bachelet

El papel de la Enap:

En el reciente encuentro organizado por la plataforma transversal de discusión Escenarios Energéticos Chile-2030, Bitrán subrayó que no es partidario de que el Estado se convierta en un productor de electricidad, argumentando que “hay empresarios interesados en venir a Chile a invertir”.

En la misma línea, Bachelet afirmó este miércoles en Punta Arenas que su intención más bien apunta a “comprometernos a largo plazo y dar un nuevo impulso a la ENAP”.

Un plan de emergencia:

Bitran definió como “una crisis de gran magnitud”, la amenaza de que hacia 2015, el Sistema Interconectado Central (SIC) no sea capaz de cubrir plenamente la demanda, debido a la falta de nuevos proyectos de generación. Este punto de vista es compartido por los expertos que han sido mencionados como parte del equipo de la ex presidenta. Es por ello que la configuración de un Plan de emergencia surge como una de las prioridades de Bachelet y fue mencionado entre los 50 compromisos para los primeros 100 días de su eventual gobierno.

Según los antecedentes disponibles, al momento de asumir la mandataria daría a conocer  esta iniciativa y se activarían en forma inmediata un set de medidas de corte técnico, que provocarán efectos en el corto plazo y que en estos momentos son manejadas en absoluta reserva.

Para frenar judicializaciones se potenciará la institucionalidad:

La idea de fortalecer una institucionalidad debilitada en el gobierno actual tras la intervención del Presidente Piñera en el proyecto Barrancones, según declaró Bitran en el foro, es otro de los ejes del programa energético de Bachelet.

“Hay una institucionalidad frágil, que se ha debilitado y produce una pérdida de confianza de los ciudadanos de las comunidades y también de los empresarios en el sistema, se percibe que el Gobierno no está cautelando el interés colectivo”, afirmó Bitrán,

En este sentido se apunta a la implementación definitiva y correcta de una nueva estructura de Ministerio, Superintendencia y Tribunales ambientales, así como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que no se ha constituido aún. Igualmente se apunta a mejorar el ordenamiento territorial, que es otro de los focos que impulsa la judicialización e impide la instalación de nuevas unidades eléctricas.

El ex ministro de Obras Públicas, también ha subrayado la meta de mejorar la calidad de los proyectos eléctricos que se tramitan. En algunos casos, se indica que ciertos proyectos presentan problemas de fondo y de forma que dejan opciones para la judicialización o bien que complican la evaluación por parte de los servicios públicos. De ahí que el plan de gobierno apunte a normar los estándares de las iniciativas, como ya se hizo con las termoeléctricas y la normativa que regula sus emisiones, que comenzó a tramitarse durante el gobierno de Bachelet.

Se destaca que a nivel internacional han prosperado regulaciones que fijan estándares para las centrales hidroeléctricas de pasada, así como para otras tecnologías, porque al fijar estándares baja la incertidumbre y aumenta la predictibilidad.

Entrega de beneficios a las comunidades:

Otra fórmula para destrabar la instalación de nuevos proyectos de generación pasa por crear mecanismos de compensación para las comunidades dónde éstos se emplacen.

En este aspecto Eduardo Bitrán señaló en el reciente Foro de EE que el programa de Michelle Bachelet también considera un mecanismo de este tipo que permita que los beneficios que son nacionales, a nivel local produzcan algo más que costos.

Las fuentes consultadas apuestan por la instalación del concepto de “participación de largo plazo en los beneficios económicos de los proyectos”. Lo anterior bajo un esquema institucionalizado que entregue los recursos a los gobiernos locales.

Se trata de un modelo que no incluye “compensaciones” a pagar por parte de las empresas que buscan instalarse en un determinado lugar, lo que descarta que en un eventual nuevo gobierno, Michelle Bachelet insista con el proyecto que impulsó en su administración anterior y que se conoce como “Ley Tokman”. Y es que la idea, según consta en los documentos disponibles es afinar un mecanismo que vaya más allá de un pago puntual, por un monto que no supere el 1% de la inversión pagado en varias cuotas.

Sin embargo, aún no hay claridad respecto de cuál será el esquema de este mecanismo, aunque la oposición que estas figuras han generado entre los grupos ambientalistas debería desaparecer cuando se hable de “participar de los beneficios”.

El impulso a las ERNC:

En este importante aspecto, se apunta a mejorar los mecanismos de licitación para promover la entrada de nuevos actores y elevar la competencia en la industria eléctrica y al impulso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). “Optamos por un 20% de ERNC al 2025”, dijo Bitrán en el reciente foro, en concordancia con la Ley promulgada el pasado lunes 14.

Asimismo el experto mencionó la posibilidad de incluir estas fuentes en las licitaciones de suministro de las distribuidoras, lo que ahora es imposible por los requerimientos de abastecimiento regular que exige el proceso. De hecho, el programa de Bachelet considera buscar mecanismos para evitar esta exclusión, incluyendo estas tecnologías que operan en forma variable, para que puedan participar eventualmente en el proceso 2016-2018.

De cara a la geotermia, que no ha logrado despegar en el país pese a que es casi la única ERNC que opera en base, el programa establece adoptar mecanismos en los que el Estado asuma parte del riesgo de la etapa de exploración, Uno de ellos podría ser a través de Corfo. Además se extenderá el beneficio para la instalación de paneles solares residenciales, pues los retrasos en la implementación de este sistema redujeron su alcance. Además, se estudiará la inclusión del gas natural en el transporte público de la Región Metropolitana.

El no al proyecto HidroAysén:

Luego de ocho años desde que Endesa se planteará  la posibilidad de construir un complejo hidroeléctrico en la Región de Aysén, y Colbún se sumara, el tema sigue en la palestra generando controversias entre quienes los rechazan con enfásis y quiénes lo apoyan.

Bachelet  ha dicho que en su condición actual el proyecto no le parece viable. Bitrán lo reiteró indicando que “la ex presidente Bachelet ha señalado que tal como está el proyecto no es viable”, pero añadió como dato extra que el uso de las cuencas no sería el adecuado.

El asesor energético, quien suena como candidato a convertirse en Ministro de Energía si la ex presidenta regresa a La Moneda, conoce de cerca la iniciativa, pues cuando fue ministro de Obras Públicas participó en las gestiones que, en 2007, derivaron en la reducición de 36,7% de la superficie total de inundación del complejo.

“Se deben establecer obligaciones adicionales a HidroAysén. (…) Se debe aprobar con la condición que se limite el margen de operación de modo que se reduzcan significativamente las fluctuaciones de caudal respecto del flujo natural de los ríos”, señaló en una columna publicada en el DF en enero de 2012.