Ojo: Reclamaciones contra proyecto Río Cuervo ya superan las 200
Los requerimientos presentados por particulares y organizaciones de Coyhaique y Puerto Aysén apuntan a riesgos geológicos no evaluados, a la pérdida de biodiversidad que significaría hacer desaparecer los lagos Yulton y Meullín y a los impactos en el medio humano.
Coincidiendo con la última jornada para cumplir el trámite, el pasado viernes la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida (CARV) representada por Codeff Aysén y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, presentaron más de 200 reclamaciones contra la resolución de calificación ambiental del proyecto de represa río Cuervo.
Esta acción legal se suma a las ya materializadas el pasado jueves en contra de la aprobación -unánime- entregada por parte de la Comisión de Evaluación de Ambiental de Aysen, presidida por la intendenta Pilar Cuevas, el 10 de septiembre.
Es así como hasta las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental llegó el director de Codeff Aysén y coordinador de CARV, Peter Hartmann, para hacer entrega de los documentos que determinarán que el proyecto sea revisado por el Comité de Ministros. El principal motivo es que hubo una serie de observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana que no fueron ponderadas o fueron desestimadas por la comisión evaluadora.
Entre los fundamentos se incluyen los aspecto ligados a los riesgos geológicos y de inducción sísmica no considerados en propiedad en la tramitación, reclamos que se suman la preocupación por los impactos negativos en el caudal del río Cuervo.
“El proyecto pretende dejar al río Cuervo con un 3 a 4 por ciento de su caudal en un tramo de 18 kilómetros de largo y eso no es presentable, es un impacto bastante grande que ni siquiera lo compensan” explicó Peter Hartmann. Otro de los aspectos relevantes es que “hasta el día de hoy no se sabe qué va a pasar en el fiordo Aysén, lo que llega a tanto que la Gobernación Marítima pide un nuevo estudio oceanográfico”, agregó.
En las reclamaciones se incluyeron todo lo relacionado “con la parte alta, lagos y ríos de desagüe del Yulton al Meullín, que el estudio dice que es un ecotono muy especial en el cual hay varias especies con problemas de conservación, en peligro de extinción incluso, que van a inundar tranquilamente, transformándolo todo, inundando alrededor de seis mil hectáreas de suelo, bosque valioso y alrededor de cuarenta y tantas especies en estado de conservación. Todo eso a cambio de algunas medidas bastante superficiales de manejo y estudios”. Entre ellos, la propuesta de “sembrar puyes. Ni siquiera están señalados en los estudios y están prometiendo sembrar ovas de puyes” o “medidas de protección del huillín que está en peligro de extinción que no se sabe qué resultado puede tener”, detalló el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.
Por último Hartmann señaló que “de las seis mil hectáreas de bosque lo único que compensan es reforestando la misma cantidad de bosque. Eso no puede ser, es un impacto tremendo que no está compensado como debiera ser. Como dice la misma comisión, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es para que el titular se haga cargo del impacto y en este caso no se está haciendo cargo para nada y lo peor es que la Comisión de Evaluación Ambiental les dio el paso”.
Preocupación por el medio humano
Asimismo, a las de reclamaciones de la CARV se agregó una decena del Comité pro Adelanto de Río Los Palos, sector directamente afectado por el proyecto. Y también el de particulares debido a que la firma responsable del proyecto -Energía Austral- limitó los impactos de la central hidroeléctrica sólo al área del embalse y las obras de infraestructura, dejando fuera de la evaluación sus efectos en el medio humano de los poblados circundantes, junto a las necesarias medidas de compensación, mitigación o reparación.
En este sentido, exigieron “conocer el plan de medidas de prevención de consumo de alcohol y drogas para los trabajadores de manera de prevenir que concurran al pueblo en busca de estos elementos” y “el plan de prevención de infecciones de transmisión sexual que asegurará que los empleados no sólo trabajadores de planta sino también profesionales y directivos accedan al comercio sexual en las localidades y/o que de así hacerlo no colaborasen con el aumento de los índices de ITS/ETS”.