Agua: Gobierno apuesta por evitar expropiaciones con reforma constitucional

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, confirmó este jueves que a mediados de junio el Gobierno definirá si introducirá o no algún tipo de indicación sustitutiva o mejora al proyecto de ley que eleva a rango constitucional el concepto del agua como bien de uso público que fue enviado al Congreso en 2010, al final del primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

Asimismo indicó que para esto se echará mano a una iniciativa que ya está en el Parlamento, aunque sin precisar a cuál se refería ya que actualmente hay cerca de una docena de proyectos en trámite.

Undurraga, subrayó que la meta de este anuncio, que se incluyó dentro de la cuenta pública de la Mandataria, es cambiar la forma en la que se maneja este tema, pues el Estado tiene un rol muy pequeño y limitado y la meta es aumentar ese margen de acción con el objeto de priorizar y garantizar el consumo humano y otros usos prioritarios, como el agrícola y otras actividades.

“Vamos a limitar el ejercicio de derechos de aprovechamiento en función del bien común, porque es la solución más fácil de implementar sin generarle al Estado un costo por una expropiación”, dijo, tal como informa el DF.

Bachelet señaló el miércoles que esta reforma era necesaria por la sobreexplotación y el mal uso de los derechos de agua. Al respecto, el titular del MOP detalló que estas acciones corresponden fundamentalmente a extracciones ilegales y también especulación de quienes tienen derechos sin usar.  Y es que hoy existen del orden de 100 mil derechos de agua otorgados, pero los datos no están totalmente sistematizados.

“Tenemos muchas cuencas en el país donde la cantidad de derechos otorgados es mayor al agua disponible, como sucede en el río Copiapó. Naturalmente, ahí hay una diferencia entre la demanda y el agua disponible se debe solucionar ya que los primeros que acceden al agua son los que están más arriba del río y no las personas ni la pequeña agricultura, es la minería”,señaló el ministro, aunque precisó luego que no es la única actividad productiva que está en esta situación de “primer” usuario del agua.

El sector privado por su parte, valoró el anuncio. Desde la industria eléctrica incluso plantearon algunos elementos adicionales que podrían modificarse, como la información del registro y el mercado de derechos de agua. En el sector agrícola, en tanto, surgieron algunas aprehensiones respecto del rol que podrían tener las asociaciones de usuarios.

Otros plantearon reparos a la necesidad de realizar una reforma constitucional, pues la limitación de derechos puede hacerse a través del Código de Aguas.

Los proyectos y la nueva propuesta

En el Congreso se contabilizan cerca de una docena de proyectos,correspondientes a mociones parlamentarias y en su mayoría sin avance, y que plantean diversas modificaciones al Código de Aguas. Entre ellas figuran cambios a los mecanismos de fiscalización y algunos procedimientos, así como tras reformas referidas a acceso, derechos, uso, conservación y administración de los recursos hídricos.

Uno de estos proyectos, que fue enviado en 2013 por el ex presidente Sebastián Piñera, plantea elevar las sanciones establecidas en la normativa para los casos de extracción ilegal de aguas o usurpación de derechos de aprovechamiento de recursos hídricos.

La propuesta del Gobierno hoy apunta a cinco ejes. Elevar a rango constitucional el concepto de agua como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren los recursos hídricos: líquido, sólido y/o gaseoso, quedando expresamente en dicha categoría los glaciares y nieves.

A esto se suma establecer la facultad del Estado para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental.

Por ley también se establecerá el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas.

Se crearán corporaciones administradoras de cuencas, que fortalezcan y velen por una gestión integrada de las cuencas, las que serán organismos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Una ley señalará la organización y demás funciones y atribuciones de las referidas corporaciones. Mientras estos organismos no existan subsistirán las competencias y facultades que consagra la normativa existente.

Y por el ley igualmente, se establecerá la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en conformidad a la diversidad geográfica y climática del país y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos.