Hidroaysén, otras yerbas y la participación real
En época de reformas trascendentales para la vida y el futuro de los chilenos, el foco en la participación es lo único que puede evitar que se instauren políticas poco pertinentes.
Felipe Petit-Laurent es Ingeniero Comercial y en Turismo, Magister en Administración de Empresas con mención en RRHH y tiene un Diploma en Políticas Públicas y Superación de Pobreza para América Latina. En 2002 - 2003 fue profesional SERVICIO PAÍS en la comuna de San Fabián de Alico, región del Biobío. En 2007 retorna a la Fundación Superación de la Pobreza y asume la dirección del Programa Servicio País en la región del Biobío. Desde 2009 y hasta asumir la dirección nacional de SERVICIO PAÍS en marzo de 2014, se desempeñó como director regional de la Fundación Superación Pobreza la región de La Araucanía.
El caso de Hidroaysén nos deja, tal como conflictos ambientales anteriores, muchas enseñanzas con respecto al empoderamiento de la ciudadanía y lo que entendemos en el país como participación ciudadana.
Porque si bien tenemos experiencias disímiles, hemos aprendido, gracias a diversas movilizaciones por otras banderas también, que estamos más dispuestos que nunca a salir a la calle para exigir mayor bienestar para todos, a pesar de que ello parezca una paradoja para algunos sectores. Porque pese a los incuestionables avances en materia social, Chile está cambiando, y es innegable el descontento social en muchos aspectos. Uno de ellos: las personas cada vez confían menos en las instituciones y en este contexto, parece ser que asegurar que las comunidades participen efectivamente en las decisiones que tendrán impacto en sus propias vidas, se ha transformado en una necesidad básica porque afecta a la existencia humana misma en las dimensiones del ser, del hacer y del estar.
Mientras menos participen las personas de las decisiones que afectan su vida, son menos libres, deben someterse más a “lo que les toca”, ven trastocado su bienestar y por tanto son más pobres. Esta necesidad no subsanada de participar es cada vez más relevante entre nuestra ciudadanía e insoslayable en el caso de grandes proyectos productivos o de energía que afectan no solamente la sustentabilidad medioambiental, sino la propia existencia humana, pues vulneran los derechos a tener una vida larga y saludable, a vivir en un hábitat adecuado, en definitiva, a vivir la vida que se elija vivir. Por ello desde la FSP planteamos en nuestra última propuesta de política social “Umbrales Sociales”, que la nueva generación de políticas sociales debe fundarse en el diálogo social y la participación en todas las políticas y programas y no nos quedamos solo en lo declarativo sino que proponemos operacionalizarlo con garantías: por ejemplo, que se establezca la obligatoriedad de considerar los costos de la participación ciudadana durante el proceso de elaboración del presupuesto anual de cada programa o servicio del Estado.
De los análisis a propósito del rechazo al proyecto Hidroaysén se extrae que ya nadie piensa que la resolución hubiese sido posible sin la movilización social. Es la ciudadanía empoderada y que participa la que logra en estos casos, la toma de decisiones trascendentales o implantar temas que se vuelven permanentes en la agenda como en el caso de los estudiantes. La tecnología y las redes sociales también aportan lo suyo y son utilizadas como herramientas democráticas de articulación, como se demostró en el movimiento global de los indignados.
Esta es una bola de nieve. Sobre todo en época de reformas trascendentales para la vida y el futuro de los chilenos, el foco en la participación es lo único que puede evitar que se instauren políticas poco pertinentes. Más bien, debemos transitar hacia un reconocimiento de los recursos, capacidades y potencialidades que coexisten en las comunidades afectadas por la pobreza, por conflictos sociales y ambientales, y entender que no es posible avanzar sin ellas.
