Tras portazo a HidroAysén: Bernardo Larraín se va en picada contra institucionalidad ambiental

A través de una carta publicada por El Mercurio, bajo el título de “Institucionalidad y Comité de ministros” el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, analizó el rechazo del Comité de Ministros al proyecto HidroAysén del pasado martes, sin dejar de lado las críticas a la institucionalidad ambiental.

Tras subrayar que la firma, en la que la generadora es socia con Endesa, se pronunciara respecto de la resolución y las acciones a seguir “solo tras recibir una notificación oficial y los argumentos esgrimidos para rev0car su permiso ambiental”, el ejecutivo inició una reflexión “a título personal”.

“Usando como ejemplo la tramitación de HidroAysén, con resoluciones favorables del Consejo de Evaluación Ambiental, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de Puerto Montt, de la Corte Suprema, y, en otros ámbitos, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pregunto ¿qué señal se entrega cuando el Comité de Ministros, teniendo un plazo legal de dos meses, resuelve solo parcialmente casi tres años después? O luego de que un nuevo Comité de Ministros anulara lo obrado por el anterior, ¿qué señal se entrega a cualquier proyecto de inversión cuando, al final del proceso administrativo de evaluación y tras salvar las instancias judiciales, se esgrimen razones técnicas debatibles o subsanables para revocar una resolución ambiental? ¿Cuándo un inversionista puede determinar concluido el proceso de evaluación ambiental? ¿Debemos esperar la respuesta de las instituciones en plazos ciertos y en base a criterios conocidos, o bien la voluntad política expresada de diversas formas y momentos?”, escribió.

Luego el empresario llamó directamente al Gobierno a liderar las modificaciones a la institucionalidad ambiental, la cual para él debe evolucionar frente a los nuevos contextos.

“Hace tiempo hemos promovido cambios a la institucionalidad ambiental, tales como crear instancias de participación ciudadana temprana, instrumentos de zonificación territorial y de evaluación ambiental estratégica. Es evidente que la institucionalidad, tanto como las empresas y las ONG, debe evolucionar frente a un nuevo contexto. ¿Quién, sino el Poder Ejecutivo, es el responsable de liderar esta discusión? Poco se ha avanzado en los últimos ocho años. Recién hoy se incluyen algunas de estas temáticas en la agenda energética, lo que diversos actores hemos celebrado”, agregó en la carta.

Asimismo destacó el esfuerzo y los recursos que se han destinado para sacar adelante el proyecto de generación, subrayando que eso trajo como consecuencia su aprobación ambiental como sus aprobaciones en sus fallos judiciales, destacando que todo debe estar dentro del marco constitucional.

“Este trabajo bien hecho derivó en la aprobación ambiental del proyecto, y luego, en fallos favorables en todas las instancias administrativas y judiciales a las cuales legítimamente recurrieron quienes se oponen al mismo. También ha sido retribuido por el apoyo o comprensión de una parte importante de los habitantes de las comunas donde estará el proyecto, cuyos puntos de vista son tan legítimos como aquellos de quienes se oponen. Y si bien siempre hemos sostenido que el desarrollo de un proyecto como HidroAysén requiere ser parte de una política energética participativa, esta conversación debe encauzarse dentro de un marco institucional”, puntualizó.