Ley de Residuos, una deuda pendiente con los recicladores de base
Con el cambio de gobierno, el proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, ha quedado en suspenso y a la espera de que el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier y su equipo realicen mejoras al texto presentado por el gobierno anterior.
Pamela Poo es Cientista político UDEC. Magíster en Sociología Arcis; Diplomado en Medio Ambiente, Empresas, Derechos Humanos y Políticas Públicas; Ecología Política CLACSO; Coordinadora del Observatorio Parlamentario Ciudadano del Programa Chile Sustentable.
En Chile existe un sector importante y que poco o nada se visibiliza en relación a la gran labor social y medioambiental que realizan. Me refiero a todos aquellos recicladores de base que día a día se levantan y reciclan los residuos que eliminamos de nuestras casas, aquellos que hacen llegar dichos elementos que desechamos a las empresas que reciclarán en mayor volumen.
Los recicladores de base, tanto en Chile como en América Latina, son uno de los movimientos sociales más grande, con la participación de 60 mil personas en nuestro país y alrededor de 4 millones a nivel latinoamericano. A través de su labor generan trabajo para miles de familias, que muchas veces se han visto en medio de la nada y la soledad, desamparados de gobiernos, políticos y empresarios. Los recicladores generan sustentabilidad ambiental de la cual muchas veces carecemos e implícitamente ayudan a mejorar las cifras de nuestro país perteneciente a la OCDE en relación a esta materia.
Este sector generalmente es recordado cuando se quiere celebrar el día del reciclaje (17 de mayo), pero olvidado o dejado en espera cuando pronunciamos la palabra inclusión. Los recicladores de base en Chile recuperan alrededor de 120 mil toneladas mensuales de residuos y el 90% de los residuos sólidos domiciliarios en la Región Metropolitana, por lo que su labor es destacable, puesto ayudan tanto al medio ambiente como también a tener una política de mitigación en relación al cambio climático.
El movimiento de recicladores a través de sus organizaciones se han profesionalizado, pero ese esfuerzo personal necesita un empuje y recursos desde el Estado, ya que de buenas intenciones y voluntarismo no pueden subsistir. Es por esta razón que es imperioso precisar y poner en el tapete nacional, la necesidad de que el gobierno de Michelle Bachelet, a través del Ministerio de Medio Ambiente, finalmente decida enviar o perfeccionar un proyecto de Ley Marco para el reciclaje en Chile, en el cual uno de sus capítulos sea la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor.
El proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor actual, es un proyecto que se presentó el 10 de septiembre de 2013 (Boletín 9094-12) por el gobierno de Sebastián Piñera, iniciativa que dejaba fuera a los recicladores de base y destacaba elementos empresariales y de exclusión con el movimiento. La voz de los recicladores en ese minuto se hizo escuchar y propusieron mejoras sustanciales al proyecto a través de indicaciones que los incluyera, no obstante, el proyecto era aún más perfectible, pero para eso se requería un poco más de voluntad.
Con el cambio de gobierno, el proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, ha quedado en suspenso y a la espera de que el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier y su equipo realicen mejoras al texto presentado por el gobierno anterior.
Pero la realidad ha sido que a pesar de que el Ministro, en diversos medios y en la misma Comisión de Medio Ambiente, ha expresado su interés por impulsarlo y hacer los ajustes correspondientes, hoy en día los recicladores se encuentran en la total incertidumbre porque no se han ingresado las mejoras esperadas, ni tampoco cuentan con una fecha para ello.
Por último, la Ley de responsabilidad Extendida del Productor, se requiere de forma urgente con los aspectos de inclusión, recomendación que ha realizado la OIT. El tener dicho cuerpo legal, es reconocer la dignidad del trabajo silencioso que por décadas han realizado hombres y mujeres que le dan un grado de sustentabilidad ambiental a nuestro país.