Chile y el salto al desarrollo… ¿Sostenible?

Chile, siglo XXI. Llevamos poco más de una década recorrida en este nuevo siglo y un par de años en la llamada “puerta del desarrollo”. Estando aún en el patio trasero de aquellas naciones que sí ostentan dicho título, desde hace algunos años hemos empezado a incorporar un término que –al menos desde las palabras- nos acerca a las grandes ligas: desarrollo sostenible, sostenibilidad (o sustentabilidad, incluso).

Corría el año 1987 cuando el Informe Brundtland (denominado así por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland), formaliza el concepto “desarrollo sostenible”, fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de la ONU en 1983. Es en 1992 cuando la definición se asume en el principio 3° de la Declaración de Río (de Janeiro), entendiéndose como la capacidad de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.

Originalmente, y dada la realidad a la que se enfrentaba el mundo en aquel entonces, el desarrollo sostenible se asoció primeramente a la protección del medioambiente y a la utilización racional de los recursos, para prever su perdurabilidad futura. Con el tiempo, la concepción de sostenibilidad se ha ido ampliando y se han considerado otro tipo de variables a la hora de pensar en un crecimiento sostenible. A la ecuación se le agrega la dimensión social y de a poco también se han sumado las consideraciones éticas y hoy en día, por cierto, todo lo que  tiene que ver con gobierno corporativo.

¿Y qué pasa en Chile? Si bien nuestro país suscribe en 1992 la Declaración de Río, han sido un puñado de empresas, impulsadas parte de ellas por sus matrices extranjeras y la vanguardia, las que comenzaron a inicios del milenio a hablar del tema, poco a poco, para luego emprender ejercicios de reporte en los que se transparenta –o al menos se revela- la gestión de las compañías en la materia. Son la mayoría grandes empresas que, por las razones que fuesen, se atrevieron en su minuto a mirar de una manera distinta la forma de hacer negocios, o al menos, dicen intentarlo.

Por su parte el Estado, un poco lejano a esta discusión hasta 2012, cuando se celebra la Cumbre de Río+20, estableció a inicios de 2013 un Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de dar respuesta al párrafo 46 del acuerdo que se firmó en Brasil. Éste señala la necesidad de fomentar prácticas de desarrollo sostenible mediante políticas públicas, por lo que luego del trabajo de una mesa inicial de Responsabilidad Social, se crea el Consejo que es de carácter interministerial y es encabezado por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. En éste se integran además del de Economía, miembros de los ministerios de Relaciones Exteriores, Medioambiente, Trabajo, Chilecompra, Instituto de Derechos Humanos, representantes de asociaciones empresariales, de entidades promotoras del desarrollo sostenible, de la academia y la sociedad civil. Es así como el gobierno asume un rol promotor de la Responsabilidad Social, tanto en entidades públicas como privadas, como una vía para alcanzar el desarrollo sostenible en Chile.

Si bien lo señalado representa un importante avance en la materia, aún nos falta bastante para que a la hora de pensar en crecimiento, éste sea efectivamente sostenible en nuestro país. Y no se trata de poner requisitos ni establecer altas barreras para las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, se trata de darle una vuelta a la forma de hacer negocios. Entender que no es medir la huella de carbono -que si bien importa, no es central en un país como Chile. Se trata de partir por casa, entendiendo que los trabajadores son el centro de la ecuación, de actuar éticamente (que si bien parece simple, a la hora de los quiubo, no resulta ser tanto), de comprender que las empresas son actores vivos y como tales tienen vecinos, a los que hay que aprender a conocer y por supuesto a escuchar.