Un cortafuegos para el empresariado

En Chile existen más de un millón de empresas, de las cuales poco más de 200 cotizan en Bolsa. Ellas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, deben publicar sus memorias  financieras con los respectivos balances generales, revisados por una firma auditora. Es en esta época, al cierre del primer semestre de cada año, cuando las empresas se encuentran en la etapa final de la elaboración del documento, el que se hace público en las juntas ordinarias de accionistas de cada sociedad.

La información que aquí se presenta, ha estimado hasta ahora el ente regulador, es suficiente para la toma de decisiones de los accionistas y del mercado. Pero, al observar lo que ha ocurrido en los últimos meses en el país, el desfile de empresarios por tribunales y los connotados casos en los que se han visto envueltos dinero y política, pareciera indicar que la herramienta para la entrega de información no es suficiente.

Del millón de empresas señaladas, cerca de 70 de forma voluntaria elaboran reportes de sostenibilidad, asumiendo el desafío de transparentar su gestión más allá de la información netamente financiera. Son empresas que no necesariamente cotizan en Bolsa –sin perjuicio de que muchas de ellas sí lo hacen- que por el motivo que fuese, decidieron hacer pública su gestión, lo que responde generalmente a una política corporativa de Responsabilidad Social o Sostenibilidad.

Si bien todas aquellas entidades que hacen el esfuerzo de reportar merecen un reconocimiento por hacerlo – ¡porque vaya que es un esfuerzo!- , cabe preguntarse si no se debiese exigir lo mismo al menos para todas aquellas compañías que transan en Bolsa, en cuanto se juega la plata de todos los chilenos. De alguna forma, la Bolsa de Comercio de Santiago entendió el valor de la información no financiera, vale decir aquella ligada a los temas de gobernanza, sociales y medioambientales, al establecer un índice de sostenibilidad para las empresas del IPSA (Índice de Precios Selectivos de Acciones), que se estrenará en 2016. Sin duda este es un gran avance, pero ¿qué pasa con el resto de las grandes empresas?

Reportar no es fácil. De hecho es largo y tedioso, pero es un ejercicio que debe pensarse como tal y no sólo en cuanto a su resultado. Los informes de sostenibilidad han sido concebidos como herramientas de gestión para las organizaciones y por ello, además de su publicación final, es que son un elemento valioso con el que toda gran entidad debiese contar, porque en un contexto de mayor demanda de transparencia por los grupos de interés y el público en general, la información netamente financiera no ha resultado ser suficiente para dar garantía de solvencia en el largo plazo. Sino, basta recordar a Lehman Brothers y la crisis subprime del 2008. Ciertamente hay mucho de financiero en ello, pero poca transparencia acerca del control del riesgo y de la ética tras los negocios, un elemento fundamental a la hora de hablar de una empresa sostenible.

Ahora bien, pensar en que no habrán más casos de colusión ni escándalos financieros porque una empresa está obligada a reportar es claramente ingenuo, pero sí es parte de los mecanismos de control que las compañías pueden establecer para evitar que la poca fe en el empresariado siga viéndose debilitada. Estos son los cortafuegos que las empresas deben construirse, los que permitirán también atraer a más inversionistas y por ende hacer al negocio más sostenible.