Energías  comunitarias: una forma de democratizar el sistema energético chileno

La ley que permite la conexión domiciliaria de instalaciones solares u otras energías renovables a la red pública, limita su potencia a 100 kwh lo que permitiría conectar, a partir de un empalme eléctrico, el equivalente entre 40 y 50 casas de una comuna media de nuestro país.

Esta potencia autorizada resulta excesiva para el autoconsumo individual de una familia pero insuficiente cuando se quiere realizar una instalación colectiva que, a partir de un empalme, se pueda alimentar con electricidad un condominio, barrio o población.

Para hacer accesible la energía renovable a la población es necesario impulsar también instalaciones comunitarias bajo la forma de huertas energéticas, mini plantas solares o eólicas, de bioenergías, hidráulicas, entre otras.

La democratización también debe llegar a la energía y al sector energético.  Chile ha estado dominado por un verdadero cartel de la energía, que en relación a la electricidad ha estado constituido por tres grandes empresas y dos universidades que nos han inculcado a los chilenos  que la forma de cómo se operan con electricidad en el país es la única que existe y se ha encargado de bloquear sistemáticamente la entrada de las energías renovables al sistema energético. Este cartel ha sido el responsable que nuestro país lleve un atraso de más 30 año en el desarrollo de las energías renovables no convencionales.

Para la democratización de la energía, la solar se constituye como el instrumento más idóneo para transferirle poder a los ciudadanos y a las comunidades. El sol y la energía que produce no tienen dueño y están al alcance de cualquier habitante del planeta, son un bien público o mejor dicho un bien común .El sol brilla para todos y por lo tanto su captación para su utilización constituye hoy día una opción técnica y social que debe estar al alcance de cualquier familia u organización  comunitaria.

Para que se pueda producir energía solar en los techos de edificios, en las juntas de vecinos, en los techos de los gimnasio, en los sitios baldíos en forma comunitaria es urgente modificar la reciente ley que ha sido un fracaso pues a  seis meses de aplicación no alcanza a mostrar cinco instalaciones conectadas a la red, cuando se esperaban ciento y miles de conexiones.

Ante el nulo impacto de la aplicación de esta ley, el Senado  de la República  y el Gobierno han convenido en adecuarla de manera que se convierta en un verdadero estímulo para que los ciudadanos individualmente o en forma colectiva puedan producir la energía que necesitan para satisfacer sus necesidades.

Aumentar el  límite de 100 KWHp a 300 KWHp como lo ha propuesto la Comisión de Energía y Minería del Senado permitiría el surgimiento de la energía comunitaria, que facilitaría la instalación, en  un solo lugar, de micro plantas solares que nosotros hemos  denominado  como huertos solares comunitarios. De esta forma, se podrían beneficiar toda la población que vive en edificios  o en casas donde no es posible instalar energía solar en sus techos o una fuente de ingreso para comunidades rurales, o indígenas que en el caso del norte  de Chile tienen una radiación solar privilegiada para este fin y no existe problema de espacio para instalarlas.

Una política pública es exitosa cuando puede ser utilizada por un sector masivo de la población, en este caso como mínimo un 10% de los hogares que hay en Chile. Ha llegado el momento de que el país se comprometa a desarrollar la energía solar, transformando esta actividad en un motor del desarrollo económico sustentable e instrumento fundamental para la descentralización del país.

La utilización masiva de la  energía solar requiere un cambio del paradigma de desarrollo energético que tiene actualmente  el país  que ya se agotó y debe ser remplazado por otro paradigma que cree un nuevo modelo energético  sustentable, democrático, confiable, seguro y económico.