Se inicia juicio contra minera sueca que envió desechos tóxicos a Arica
En la localidad de Skellefteå, al norte de Suecia, se inició el juicio contra la compañía minera sueca Boliden por los graves daños a la salud causados a habitantes de Arica hace más de 30 años.
Entre 1984 y 1986 fueron enviados desde la fundición de la minera en Skellefteå cerca de 20.000 toneladas de desechos que contenían mercurio, arsénico y plomo con dirección a la empresa chilena Promell para su tratamiento, los que fueron depositados en un área que fue denominada “Sitio F”, a dos kilómetros del centro de la ciudad.
La legislación nórdica de la época permitía el traslado en barco de desechos tóxicos a países en desarrollo. Esta norma ya fue derogada en el país.
Sin embargo, los residuos nunca fueron procesados por la empresa, que años más tarde se declaró en quiebra, quedando abandonados a la intemperie en el sector Cerro Chuño de Arica. Entre 1990 y 1992 se construyeron tres poblaciones sociales cerca al “Sitio F”.
Varios años después, quienes residían cerca de la planta comenzaron a presentar problemas de salud, tales como cáncer, abortos espontáneos, tos crónica y dolores en articulaciones y huesos.
En 2009, un estudio del gobierno chileno concluyó que el área circundante al sitio de disposición original aún estaba contaminada, y la gente que allí vivía tuvo que ser relocalizada. En 2013, el gobierno finalmente comenzó a derribar las casas y relocalizar a los propietarios.
La demanda fue presentada por 707 ariqueños, quienes demandan una indemnización de US$ 12,3 millones. La demanda, sin embargo, considera sólo a quienes fueron afectados por contaminación con arsénico, descartando a quienes sufrieron daños a su salud a causa de el plomo y el mercurio.
La Corte Suprema condenó en 2007 al Estado a pagar US$ 5,4 millones para reparar el daño a la salud provocado por la intoxicación a 356 habitantes, quienes no están incluidos en la demanda sueca.
La defensa de la minera sueca asegura que su actuación se limitó a las leyes de la época y que las autoridades de ambos países conocían el acuerdo con Promell. Agrega que la responsabilidad radica principalmente en la autorización de construcción de viviendas cercanas al basurero.
