Corte de Punta Arenas frenó el inicio de producción de salmonera en el Canal Beagle
Diversas organizaciones civiles y medioambientales presentaron un recurso para impedir la operación de las jaulas instaladas por la empresa Nova Austral.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió a trámite un recurso judicial y dictó una orden de no innovar que impedirá el inicio de la producción de la empresa salmonera Nova Austral, la que iba a iniciar sus operaciones en el Canal Beagle.
La firma había programado comenzar la siembra de alevines salmonídeos en las primeras jaulas dispuestas en la zona, donde tiene otras cuatro concesiones acuícolas -tres en la zona del paso Picton y otra frente al islote Snipe-.
Según lo publicado por El Mercurio, representantes de organizaciones civiles de la ciudad de Puerto Williams, junto al movimiento Greenpeace, recurrieron al tribunal de alzada magallánico y pidieron un pronunciamiento sobre la empresa Pesquera Cabo Pilar S.A., que en 2005 obtuvo las cuatro concesiones de salmonicultura.
Los demandantes afirmaron que esta compañía incurrió “en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”.
Argumentaron que ello está basado en que tras otorgarse las concesiones acuícolas en 2005, Cabo Pilar disponía de un año de plazo para la planificación técnica de su proyecto, pero nunca se cumplió con ello.
Luego, la situación derivó en un juicio arbitral -durante 2008- entre Concar, primera propietaria de las concesiones, y Cabo Pilar, que determinó la “suspensión total de las operaciones y del ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura”.
Sin embargo, entre enero y febrero de este año, la empresa Nova Austral, que adquirió las concesiones a Cabo Pilar, comenzó con el movimiento y traslado de bienes y materiales hacia los sectores de paso Picton, para iniciar la siembra.
Junto con este recurso también se acogió a trámite una acción presentada ante Contraloría por el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, donde pidió investigar posibles irregularidades en las concesiones.
