Valparaíso y su Reconstrucción: Desde el Opio a la Franqueza
La reconstrucción de Valparaíso, después del previsible incendio, comienza a evidenciar todas las contradicciones que experimenta el Estado de Chile, frente a operaciones de emergencia que requieran acudir a la planificación urbana.
La Catástrofe coloca a las autoridades frente a tres escenarios paralelos y divergentes. El primer escenario es la urgente reposición de las viviendas destruidas, la cual se ha basado en la resiliencia comunitaria, apoyada en la sorprendente coordinación de las organizaciones ciudadanas. El segundo escenario, tiene que ver con la necesidad de materializar la reconstrucción, dentro de un marco de racionalidad urbanística. El tercer escenario se relaciona a la discusión país que el caso de Valparaíso detona.
La cercanía del invierno hace inevitable la reconstrucción “in situ” a lo cual se suma, la necesidad de respetar el tejido social construido en el sector. No obstante lo anterior, este hecho no puede dar paso a la idealización de la radicación de los hogares, porque eso implica sumergir las razones históricas que han configurado el poblamiento de los cerros.
Mas allá del “determinismo ambiental” con el cual se ha buscado explicar esta catástrofe, es relevante comprender, que el gran parte del impacto urbano del incendio se debe a la segregación socio-espacial que históricamente ha ubicado a los segmentos sociales de mayor vulnerabilidad del Gran Valparaíso, en sectores de gran riesgo ambiental. Hoy esta dinámica se ha profundizado, producto de la contracción de la oferta de suelo urbanizado en esta Área Metropolitana, generada por el déficit de infraestructura publica, lo cual incrementa el costo del acceso a los barrio de calidad, relegando a los más pobres a zonas de altas dificultades geográficas, lo cual posterga la urbanización y aumenta, como se ha dicho, la exposición a riesgos ambientales.
No se puede ignorar que el Estado ha colaborado en la ocupación precaria de los cerros. Por más de 45 años se trato de resolver el déficit habitacional mediante la asignación de propiedad privada, con leyes especiales, que permitieron evadir la responsabilidad de urbanizar. Por lo anterior, la precariedad urbana en estos barrios, es de carácter fundacional, destinándose las quebradas a espacios residuales, lo que las transformo en basurales.
Frente al escenario descrito, el Estado debe evitar reducir la solución urbana al mero “cocktail” de subsidios, lo cuales atomizan la inversión pública y consolidan la inercia original en la ocupación de los cerros afectados. Los recursos deben utilizarse en proyectos de impacto metropolitano, que reviertan las tendencias de poblamiento de Valparaíso. Para esto se debe acelerar la inversión en infraestructura, en conjunto con la compra y gestión de terrenos por parte del Estado, mejorando las posibilidades de localización de los más vulnerables. A esto se puede sumar el reciclaje de áreas subutilizadas, como es el caso del sector del Almendral.
Se debe asumir que cualquier acción que el Estado emprenda para mejorar las condiciones de los barrios afectados, implica la relocalización de algunas familias. Tanto la recuperación ambiental de las quebradas como la construcción de equipamiento o el aumento de una red vial, no son factibles de realizar sin recurrir a expropiaciones o sin respetar la zonificación de los IPT vigentes. Por eso los actores públicos deben iniciar un diálogo franco con los pobladores, colocando sobre la mesa el hecho irreductible, que la Planificacion Urbana opera mediante el control de la propiedad privada. Sin esto, todo el resto es opio.
