¿Es ético multar a los ciclistas?

Un explosivo aumento ha tenido durante este año la fiscalización a los ciclistas de la capital: según Carabineros, 1500 multas han sido cursadas este año, siendo las infracciones más recurrentes transitar sin casco y cintas reflectantes, así como desplazarse por la calle en lugares donde hay ciclovía. Este hecho no sólo refleja una acción específica por parte de Carabineros, sino  también una instrucción de carácter estratégico por parte del Gobierno.

Las opiniones sobre esta medida han sido encontradas; hay muchos que celebran la intervención de la autoridad en el comportamiento de los ciclistas –a quienes acusan de imprudentes-, mientras que diversas organizaciones ciclistas han alzado la voz en contra de estas acciones. Sin embargo, no han llegado al fondo del asunto.

Si observamos la tendencia de la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, veremos que las políticas públicas funcionan desde una óptica positiva. Ello se debe a que el uso de la bicicleta es materia prioritaria y objeto de incentivo, la idea es que su uso crezca masiva y rápidamente. En ese contexto, si se producen situaciones complejas que requieran ser corregidas, ya sea porque afectan a terceros o van contra la dirección de las políticas, éstas se combaten con la misma óptica, es decir, con educación, campañas informativas, eventos masivos, involucrando líderes de opinión, etc.

Desde este punto de vista, la acción de Carabineros responde a una estrategia disonante respecto de todo lo que está sucediendo en el contexto normativo internacional y lo que está sucediendo en las calles del país con el inaudito aumento del uso de la bicicleta como medio de transporte.

El principal problema es que la actual Ley de Tránsito nunca fue concebida para incluir a la bicicleta como medio de transporte diferente e integrado respecto del resto de los demás vehículos, sino al contrario: contiene disposiciones dispersas, inconsistentes y varias de ellas difíciles de cumplir por parte de los usuarios. Tampoco hace una distinción entre las tipologías de vehículos; es decir, legalmente una bicicleta es considerada un vehículo al igual que un auto o un camión.

La congestión de Santiago hace evidente hace muchos años que los espacios urbanos nunca fueron concebidos para los desplazamientos masivos de bicicletas y ello hace que los actuales ciclistas deban sortear innumerables adversidades a lo largo de sus viajes en todas aquellas zonas donde su circulación no ha sido regulada mediante ciclovías, o  donde las velocidades de circulación de los autos son muy altas. Desde este punto de vista, considero legítimo que se cuestione éticamente cursar estas infracciones, cuando en este momento el foco debería estar puesto en educar y mejorar la infraestructura vial por las innumerables ventajas que tiene para la ciudad el aumento del uso de la bicicleta.

Claramente, el aumento de este medio de transporte llegó para quedarse y tiene de cabeza a las autoridades nacionales, regionales y locales. Los ciudadanos hoy les están exigiendo una capacidad de respuesta muy superior a la que tenían presupuestado desarrollar. El desafío es hacerlo de manera constructiva.

La señal que ha dado la autoridad cursando multas a ciclistas no debe seguir siendo parte de las políticas públicas. Por lo tanto, son las autoridades responsables de la educación, regulación del tránsito e incentivos en materias ambientales las que deben tomar la conducción con fuerza de este proceso, con el fin de maximizar las acciones de fomento y evitando acciones punitivas como las multas que han abundado los últimos meses.