El alcalde Jadue y una “contraprestación” comercial

No nos ha sorprendido el acuerdo de conveniencias entre la UDI y el Partido Comunista, los extremos en el abanico político en nuestro país, respecto de las platas que los empresarios de Penta entregaban a ciertos candidatos que querían ser elegidos diputados y senadores. Por un lado y en relación al lucro que habrían obtenido algunos dirigentes con la operación de la Universidad Arcis, según expresiones de ex distinguidos académicos de esta universidad privada, dineros que seguramente llegaron a las arcas de ese partido de gobierno, por otro lado. Ambas partes llegaron a un amistoso acuerdo para que la Cámara de Diputados no se inmiscuyera en incómodas averiguaciones sobre hechos acaecidos en el sector privado.

Recordemos que hace algunos meses, el arquitecto Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, disciplinado miembro del PC, comunicó a la opinión pública que había firmado un decreto de demolición por todos los pisos que exceden los permitidos (8 pisos) de una torre habitacional de 19 pisos emplazada sobre la calle Dardignac, entre Pío Nono y Ernesto Pinto Lagarrigue. Este edificio trucho forma parte de un permiso de edificación viciado cursado Director de Obras de esa municipalidad a la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., una de las tantas inmobiliarias relacionadas con la lucrativa Universidad San Sebastián, fundada por conspicuos dirigentes políticos de la UDI.

Este episodio lo habíamos publicado tiempo atrás en Ciper Chile, tal como se aprecia en link.

En la actualidad, como consecuencia de ese permiso, existen 2 torres similares terminadas: una ya habitada y otra, por no contar con la recepción definitiva de obras, según imposición de Jadue, está aún sin habitar (en esta última se deberán demoler todos los pisos construidos en exceso), y ya se han ejecutado las excavaciones de una tercera torre que se proyectó con 19 pisos sobre la calle Ernesto Pinto Lagarrigue. Esta construcción está detenida, ya que severo alcalde Jadue exigirá que se ciña a la ley en términos de altura.

Los permisos de edificación eran truchos, entre otros motivos, porque en las fechas de sus otorgamientos no estaba aprobados los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y porque ni la casa central ni el centro de extensión fueron sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que le significó al titular del negocio, ante nuestra denuncia, una tardía sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente: se clausuraron los estacionamientos bajo el suelo, con acceso por Pío Nono, que eran arrendados a terceros. Pero lo más gravitante fue la violación del artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) asunto que se describe en la columna de Ciperchile.

Tal como lo decíamos en ese medio de investigación periodística el caso llegó a la Contraloría General de la República y el 3 de octubre de 2013, en una de sus tantas respuestas dilatorias, la Contralora Subrogante nos decía que en aquel entonces existía un procedimiento disciplinario derivado de un sumario administrativo de carácter secreto y el 2 de octubre de 2014 el propio Contralor Ramiro Mendoza nos manifestaba que tuviéramos paciencia pues el resultado del sumario todavía no estaba listo, ello teniéndose en cuenta que las primeras denuncias fueron hechas en el año 2009 por la agrupación Ciudad Vida, por la Junta de Vecinos Nº 13 de Recoleta y por la Fundación Defendamos la Ciudad, época en que Jadue se dedicaba a otros menesteres.

El Director de Obras Municipales que cursó los permisos ilegales fue procesado por el Ministerio Público, con lo cual se demuestra que los fiscales son bastante más activos que los funcionarios de la Contraloría y la decisión del alcalde Jadue, en orden a demoler los pisos de la torre que exceden la norma legal es la correcta. Si el resto de los alcaldes procedieran en igual forma se acabaría la corrupción inmobiliaria que tanto mal le hace a nuestro querido país.

Hemos decidido publicar este recuento de hechos porque podría ser posible que la avispada cofradía UDI-PC le pida al alcalde Jadue que, como un mal menor, se inhiba de ejercer sus atribuciones legales en contra de la Universidad San Sebastián, reducto de la UDI, invalidando por lo tanto su Decreto Alcaldicio de demolición, ello para no entorpecer el pacto de no agresión aludido precedentemente.

En una de esas, si nos ponemos mal pensados, ya se está explorando reservadamente la posibilidad de que se produzca un abandono de deberes por parte de Jadue, ello para hacer realidad el bien superior que es “La UDI y el PC unidos son necesarios para mantener los equilibrios políticos que le dan estabilidad al país”