Despelote sobre la cota 1.000

A partir del año 1980, con la creación del Decreto Ley (DL) Nº 3516, los propietarios de los terrenos rurales los podían subdividir a su antojo en predios rústicos de 0,5 ha o de mayor superficie y así algunos dueños de fundos localizados al oriente de la comuna de Las Condes, sobre la cota 1.000 msnm, hoy comuna de Lo Barnechea, utilizaron este procedimiento para lotear sus extensas tierras, originando así parcelaciones que se inscribían en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).

Todo cambió radicalmente, con la puesta en marcha en 1994 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) instrumento normativo urbano que restringió esa rentable actividad comercial al fijar una regulación bastante acotada a todo el territorio de la región metropolitana de Santiago. Está claro que las subdivisiones prediales efectuadas antes de la vigencia del PRMS disponían, y disponen, de derechos adquiridos por imperio de la ley.

Ahora bien, el sector alto precordillerano que nos preocupa forma parte del Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano en el PRMS bajo la denominación Áreas de Preservación Ecológica, en las cuales, al no existir ninguna fiscalización por parte de las autoridades sectoriales, se han vulnerado repetidamente los usos señalados expresamente en el artículo 8.3.1.1 del PRMS.

Allí se permiten actividades científicas, culturales, educativas, recreacionales, deportivas y turísticas con la instalaciones mínimas e indispensables para sus habilitaciones. También se admiten usos complementarios tales como equipamientos de seguridad, comunicaciones, salud, comercio y estacionamientos de uso público, cuyos proyectos deben ser sometidos a Estudios de Impacto Ambiental, dejándose de manifiesto que las operaciones inmobiliarias están prohibidas como asimismo no se consienten las divisiones prediales.

En los últimos 20 años cientos de particulares, actuando con infinita temeridad, han rellenado quebradas, otros han talado sectores de bosque nativo para construir sus viviendas sin las autorizaciones de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea, tal como lo ha reconocido por escrito la arquitecta Joyce Brown, cuando ejercía la titularidad de esa función municipal, lo que fue corroborado posteriormente por Rodrigo Ubilla, en su condición de alcalde subrogante, el mismo que ejerció el cargo de Subsecretario del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera. La Contraloría General de la República (CGR) recibió denuncias al respecto, institución fiscalizadora que oportunamente respondió que ella no se iba a involucrar en estas ilegalidades porque el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya había iniciado acciones judiciales en contra de algunos de esos privados que disfrutaban de sus casas sin contar con los respectivos permisos de edificación.

En razón a que la situación era incontrolable, hace años, la fundación Defendamos la Ciudad, le propuso por escrito a Patricia Poblete, Ana Lya Uriarte, Álvaro Rojas y Víctor Barrueto, Ministra de Vivienda y Urbanismo, Directora Nacional de la ex Conama, Ministro de Agricultura e Intendente, respectivamente, una solución realista para que no continuara, a vista y paciencia de todos, el quebrantamiento de la restrictiva regulación de la mencionada Área de Preservación Ecológica. Como era de esperarse, ninguna de esas 4 altas autoridades competentes en la materia respondió, lo cual no nos extrañó en absoluto porque en nuestro querido país este tipo de asuntos son de una insignificante importancia.

Hace algunos días tomó contacto con el autor de esta columna un arquitecto que estaba asaz sorprendido con unos recientes oficios de Aldo Ramaciotti, actual Seremi de Vivienda y Urbanismo, en los cuales en octubre de 2014 compelía a Victoria Álvarez, Directora de Obras de Lo Barnechea, en orden a que cursara una subdivisión predial de un parcela localizada en un sector que forma parte del Área de Preservación Ecológica del citado PRMS, en donde se solicitaba la aprobación de un anteproyecto de edificación. La funcionara municipal, conocedora de las normas vigentes desde 1994, se había negado a autorizar esa solicitud, indicándole al Seremi las razones de fondo que hemos dado a conocer en este breve artículo.

Desconocemos el giro que ha tomado esta discusión, pero en el evento de que haya prevalecido la curiosa opinión del Seremi, querría decir que lo más sano para el país es que se deroguen todas las normas urbanísticas vigentes para que así cada actor del mercado haga lo que quiera en cualquier lugar del vasto territorio disponible. De esta manera, esperaríamos que no existan nunca más los contenciosos límites urbanos que tanto incomodan a quienes se desenvuelven en el lucrativo negocio inmobiliario.