Estoy en desacuerdo con Rodrigo Guendelman
No solamente Guendelman, el suscrito, el Colegio de Arquitectos, según sus propias declaraciones públicas, la alcaldesa Carolina Tohá y Miguel Saavedra, su Director de Obras, y todos aquellos que buscamos vivir en buenas ciudades esperamos que la Contraloría acepte la reconsideración presentada recientemente por la Fundación Defendamos la Ciudad en orden a que el inmueble de Conservación Histórica no se puede destruir. Si no se acogen nuestras argumentaciones estaremos ante un nuevo urbanicidio.
Patricio Herman es Presidente Fundación Defendamos la Ciudad
En relación al contenido de esta columna, no comparto la suplicante solicitud que Rodrigo le formula al empresario Max Marambio porque éste jamás va a dejar de hacer un estupendo negocio inmobiliario generado con la complicidad de las autoridades municipales y del gobierno nacional. Cuando se trata de ganar dinero a raudales, para los actores del mercado en el actual sistema económico neoliberal todo vale, de tal forma que la mencionada columna, como era lógico esperar, no produjo ni el más mínimo efecto en su destinatario que se hizo rico en Cuba por su excelente relación con Fidel Castro.
Estamos hablando de una lucrativa inversión que se refiere a 2 torres habitacionales de 34 pisos cada una, con 760 departamentos que tienen superficies menores a los 100 m2 y 249 estacionamientos, con una clasificación errónea B-3 respecto a la calidad de la construcción, lo que significa pagar una suma menor de dinero por concepto de derechos municipales asociados al permiso. Una torre ya está terminada en la esquina de Morandé con Santo Domingo y la otra se proyecta en la esquina de Morandé con Rosas, previa demolición del inmueble protegido.
Sobre el espléndido inmueble de Conservación Histórica localizado en la esquina indicada se han publicado infinidad de notas periodísticas y columnas de opinión y en esta ocasión, con motivo del dictamen Nº 99736 emitido el 23/12/14 por la Contraloría General de la República que convalidó la demolición resuelta por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, respondiendo presentaciones de la Municipalidad de Santiago que ahora aboga por su preservación y de las mismas inmobiliarias de Marambio, ahora con nuevos antecedentes, demostramos con hechos concretos que el Permiso de Edificación (P/E) Nº 13.972 del 25/01/08 otorgado a las empresas Nazareno S.A. y Comercial Cañaveral S.A. para esas 2 torres está absolutamente viciado.
El inversionista sabía de antemano que se estaba tramitando la protección patrimonial de su inmueble en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, lo que aconteció en mayo de 2008 y por ello era necesario que se omitieran ciertas exigencias reglamentarias en los actos administrativos cursados por la Dirección de Obras, ello con el propósito de establecer hechos consumados, es decir, demoler.
Ahora bien, en el artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se ordena que la fusión de los predios que originarán el resultante se debe realizar en forma previa o conjunta con la solicitud del P/E, ello para evitar conflictos posteriores con el dominio de los mismos. En este caso se debían fusionar 3 predios que enfrentan la calle Morandé entre las calles Rosas y Santo Domingo.
Pero la Dirección de Obras Municipales fue muy buena persona con el solicitante del permiso, ya que le expresó por escrito en el mismo P/E, en donde se enumeran las “situaciones especiales de la autorización” que solo para la recepción final de las obras la empresa debía acreditar la fusión predial aprobada y archivada en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).
Pero los predios fueron fusionados con posterioridad a la emisión del permiso de edificación, es decir, extemporáneamente, ilegalidad que le fue representada al Seremi de Vivienda y Urbanismo, a quien se le advirtió que verificara esta situación anómala en el CBRS, lo que aparentemente no hizo. El plano de fusión fue archivado bajo el Nº 46467 con fecha 30/03/11, situación que consta en las fojas al margen de los tres dominios:
Fojas 4478 Número 6829 Año 2011
Fojas 4479 Número 6831 Año 2011
Fojas 4478 Número 6830 Año 2011
Conforme al mandato del artículo 2.4.3. de la OGUC, para el otorgamiento de un permiso de edificación el titular del proyecto debe tener aprobado un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), exigencia para solicitar esos tipos de permisos municipales y la lógica de este requerimiento tiene que ver con la posibilidad de que el EISTU fuese rechazado, con lo cual el titular no podrá construir. Curiosamente en las “situaciones especiales de la autorización” se dic el que el EISTU fue revisado (?) a fines del año 2007.
El Seremi de Transportes, autoridad competente en esta materia, aclara que el EISTU fue aprobado en ORD.SM/AGD/Nº 0023 del 02/01/08, en circunstancias de que la solicitud del permiso de edificación ingresó en la Dirección de Obras Municipales con fecha 11/09/07. Luego, observamos que también se vulneró la disposición de la OGUC.
Después de este recuento de hechos queda en evidencia que hubo apuros indebidos para cursar el permiso de edificación y al respecto recordemos que el artículo 1.1.3 de la OGUC dice “las solicitudes de aprobaciones o permisos presentadas ante la Direcciones de Obras Municipales serán evaluadas y resueltas conforme a las normas vigentes en la fecha de su ingreso”, ello en la medida de que tales solicitudes respeten todos los cuerpos normativos, lo que, como hemos visto, no ha sucedido.
No solamente Guendelman, el suscrito, el Colegio de Arquitectos, según sus propias declaraciones públicas, la alcaldesa Carolina Tohá y Miguel Saavedra, su Director de Obras, y todos aquellos que buscamos vivir en buenas ciudades esperamos que la Contraloría acepte la reconsideración presentada recientemente por la Fundación Defendamos la Ciudad en orden a que el inmueble de Conservación Histórica no se puede destruir. Si no se acogen nuestras argumentaciones estaremos ante un nuevo urbanicidio.
