Estudio concluye que la violencia sexual durante la dictadura chilena fue invisible para la Justicia
Según el estudio, un total de 61 mujeres fueron parte de la investigación, de las que 24 sobrevivieron a la violencia sexual y a las torturas, otras 18 fueron ejecutadas y 19 se encuentran en calidad de desaparecidas, una de ellas de nacionalidad uruguaya.
La violencia sexual sistemática infligida a las mujeres víctimas de la represión militar durante la dictadura de Augusto Pinochet fue mayoritariamente “invisible” para la Justicia chilena, según un informe presentado esta tarde de jueves en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
“Ni siquiera en los casos en que se llega a identificar y dar por acreditada la violencia sexual, ésta recibe alguna clase de respuesta jurídica”, precisa el estudio realizado durante 2013 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas y Parque por la Paz Villa Grimaldi.
En ningún caso, añaden los investigadores, los tribunales consideraron que se hubiera cometido un delito de violencia sexual, omitiéndose en todas las sentencias judiciales revisadas la calificación jurídica de los hechos como delitos de violación sexual, abusos deshonestos o aborto cometidos por terceros, según la tipificación vigente a la época de comisión de los hechos.
“Ello incluso en los casos en que el propio tribunal tiene por acreditado que la víctima fue sometida a reiteradas violaciones por los agentes estatales, en los casos en que se dio por establecido que la víctima sufrió otras formas de violencia sexual y en los casos en que el tribunal identificó que la víctima estaba embarazada”, enfatiza el informe llamado “Respuesta judicial a la violencia sexual cometida por agentes del Estado contra las mujeres durante la dictadura cívico-militar”.
En esta línea, subraya que las sentencias por torturas o apremios ilegítimos no abordan la violencia sexual en contra de las mujeres, considerando solo la tortura y que se tipifica como apremios ilegítimos.
Asimismo, en causas de detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, los tribunales condenaron por tipos penales de secuestro y homicidio calificado y no consideraron la violencia sexual.
En ningún caso se observa que la violencia sexual haya sido considerada para efectos de determinar la precisa responsabilidad penal que a los agentes estatales les correspondía por los delitos de homicidios, secuestros o torturas por los que les encausó.
El informe detalla la crudeza de las violaciones: con animales, palos, anales, aplicación de corriente eléctrica en la vagina, en el ano y los pezones, golpes en contra de embarazadas con el fin de que abortaran u obligadas a tener a sus hijos en cautiverio, entre otras.
Según el estudio, un total de 61 mujeres fueron parte de la investigación, de las que 24 sobrevivieron a la violencia sexual y a las torturas, otras 18 fueron ejecutadas y 19 se encuentran en calidad de desaparecidas, una de ellas de nacionalidad uruguaya.
Agrega que de las ejecutadas, 16 eran chilenas, una mexicana y la otra argentina.
También enseña varias declaraciones juradas en que las personas, todos detenidos durante la dictadura militar (1973-1990), entregan testimonios de haber escuchado conversaciones entre los torturadores en que se vanagloriaban de las violaciones efectuadas a prisioneras políticas.
El testimonio de un profesor de un instituto comercial detenido en 1973 señala: “Recuerdo que mientras estuve detenido y torturado en la Base Aérea Maquehue de la sureña ciudad de Temuco, un recluta me contó que una profesora que había llegado detenida al recinto desde la localidad vecina de Lonquimay fue violada y torturada sistemáticamente por el personal de inteligencia de la base”.
El informe concluye que la investigación ha dejado de manifiesto que a la violencia sexual cometida en los centros detención no se le ha dado ninguna respuesta judicial, “gozando sus autores de total impunidad por la violencia de género que hizo parte de la política represiva aplicada en el país”.
