¡No al aborto, sí a su despenalización! Una modesta proposición

En el ocaso del régimen militar, luego de un nefasto período para la historia de Chile, el general Pinochet remata su gobierno derogando uno de los pocos derechos que le quedaban por privar, por no decir el último, el derecho al aborto terapéutico.

Veinticinco años después y luego de que fuera promesa de campaña de Bachelet, el debate sobre la despenalización del aborto terapéutico vuelve a estar en el tapete de la agenda política.  Pero a su pesar, la interrupción voluntaria del embarazo por razones de salud no representa un avance en materia de derechos reproductivos y sexuales de la mujer, sino más bien, es un retorno a la legislación previa a su prohibición durante el gobierno de facto.  Algo así como volver a foja cero.

En ese sentido, y para despejar preconceptos y mal entendidos, es necesario hacer una aclaración. Ser partidario de la despenalización del aborto no implica estar a favor de dichas prácticas, sino muy por el contrario. Se trata de encontrar una solución desde un enfoque de derechos, a los miles de abortos inseguros que se practican de forma clandestina en Chile. La interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión liviana ni sencilla para ninguna mujer. La disyuntiva de decidir abortar no pasa en como si se tratara de elegir entre edulcorante o azúcar para endulzar un café. El problema ocurre por otro lado. Es un proceso luctuoso y peligroso que, por lo general, lo transitan de forma solitaria y angustiante por todas las consecuencias físicas y psicológicas que podrían padecer, por ejemplo, esterilidad, depresión  y hasta la propia muerte.

Este es el camino que recorren 124.000 mujeres que deciden interrumpir su embarazo todos los años (Observatorio de Género y Equidad). Ningunear estos datos no es otra cosa que barrer los problemas bajo la alfombra y creer que todo se encuentra impecable……

Ahora bien, el debate sobre la despenalización del aborto históricamente se estructuró en torno a la interrogante sobre cuándo existe vida humana. Los contubernios de lo carca, parten de una visión moral con un dejo religioso. Consideran que la vida humana se hace presente a partir de la concepción. El latido del corazón del feto es manifestación de vida y, por tanto, interrumpir ese proceso natural no es otra cosa que vulnerar el derecho a la vida.

Por otra parte, el biólogo francés y Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Jacques Monod, en la década del 70 rebatió esta tesis de forma contundente: “Creo que el argumento del respeto por la persona humana en que se basa la ley que castiga el aborto está fundado en un error antropológico y biológico que consiste en considerar a un feto de pocas semanas como una persona humana. Afirmarlo no es sociología, ni antropología, sino metafísica. El aborto no es un infanticidio. ¿En qué momento un ser se vuelve persona humana que la ley debe defender? (…) Creo que la personalidad está estrechamente ligada a la actividad del sistema nervioso central, es decir, a la conciencia. Del punto de vista anatómico y biológico un feto de pocas semanas no puede tener manifestaciones de conciencia ya que no tiene un sistema nervioso central. Esto podemos ligarlo a otros aspectos de la medicina moderna como los trasplantes de corazón o riñón. Para hacerlos, los órganos necesitan ser extirpados de una persona que según la deontología médica de años atrás, aunque no tantos, todavía vive. Su corazón sigue latiendo. Sin embargo, en la actualidad, es otra la definición de muerte: cuando el electroencefalograma queda plano significando la desaparición de la conciencia. El sistema nervioso central del embrión no se forma antes del cuarto o quinto mes por lo cual es evidente que no es lo mismo el aborto de un feto de pocas semanas que uno de 8 meses. Son dos actos completamente diferentes”.

La objetividad de su argumentación elimina de cuajo la posibilidad de sostener que el feto sea sujeto de derecho. El desarrollo del sistema nervioso central resulta elemental para entender la existencia de vida humana y, por tanto, sobre quienes recaen los derechos.

Pero a pesar de lo interesante de la polémica, una discusión de estas características en Chile podría llevar décadas antes de que se legisle sobre la materia.

Chile es uno de los pocos países del mundo en donde el aborto está penalizado en todas sus formas. Este atraso en materia de derechos de género es comparable, únicamente, con los países árabes, en donde la mujer es considerada prácticamente como un objeto. Pero los países desarrollados van por otro carril en materia de derechos sexuales y reproductivos. En Francia, por ejemplo, se despenalizó el aborto en el año 1974 bajo la denominada Ley Veil (nombre de la entonces Ministra de Salud, Simone Veil). Italia,  por su parte, país históricamente conservador, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 1978. Y así, infinidad de países desarrollados optaron por el camino de la legalización, no sólo como forma de expandir los derechos de autonomía de las mujeres, sino que también, por el agotamiento de la propia ley restrictiva, que no ha logrado frenar los cientos de miles de abortos clandestinos y sus trágicas consecuencias.

Una solución intermedia: el caso uruguayo  

En 2013, el parlamento uruguayo despenalizó el aborto luego de décadas de debate y frustraciones. Los legisladores llegaron a una solución que podría interpretarse como intermedia, porque apunta a proteger todos los valores y derechos en pugna: el derecho de nacer, la autonomía de la mujer, y los derechos de los ciudadanos a fundar una comunidad más digna.

En ese sentido, la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación por la sola voluntad de la mujer, ya sea por razones económicas, sociales o familiares, 14 semanas cuando es producto de una violación, y sin plazos cuando es terapéutico.

Previo al proceso de decisión, cuando se trata de una interrupción voluntaria, la mujer es acompañada por un equipo interdisciplinario de profesionales compuesto por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social, con el objetivo de asesorarla e informarle sobre las alternativas existentes al aborto, por ejemplo, planes sociales y económicos, sistema de adopción, etc. La idea es que la decisión final sea fruto de una decisión informada, consciente y responsable, como forma de proteger los derechos de la mujer y disminuir la cantidad de abortos.

Se estima que en Uruguay existían, en promedio, 33.000 abortos inseguros anualmente. Luego de un año de implementada la ley, esa cifra bajo a 6.676 casos, con una tasa aproximada de 9 abortos cada 1000 mujeres. Estos datos ubican a Uruguay entre los tres primeros países con menor cantidad de abortos. Asimismo, el 6.3 por ciento decidieron continuar con su embarazo. Un dato para nada despreciable.

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Chile tiene una obligación moral en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El proyecto de ley que restablece la legalización del aborto terapéutico, no representa la conquista de un nuevo derecho, sino que restituye a las mujeres un derecho que les fue usurpado por el régimen militar. Es lo mínimo que puede hacer un gobierno democrático.

En esta búsqueda por encontrar una solución sobre la legalización del aborto, la experiencia uruguaya puede servir de ejemplo como una forma de encontrar una salida en donde converjan valores y derechos que, a priori, parecen irreconciliables.

En ese sentido, es imprescindible que el debate se centre en las similitudes y no en las diferencias. Partiendo del supuesto de que nadie es partidario del aborto, podría ser un buen inicio en la búsqueda de una solución en donde se respete, tanto los derechos de las mujeres, como también del ser que va a nacer, con el fin de avanzar en la legalización de la interrupción del embarazo voluntario desde un enfoque de derechos.