Aborto en Chile: 308 mujeres de sectores vulnerables han sido formalizadas desde 2006 a la fecha
En la mayoría de los casos con sentencias condenatorias, las afectadas reconocieron el uso del conocido medicamento misotrol, pero también se detallaron particulares mecanismos como tijeras, palillos y hasta ramas de apio.
En el marco de la discusión por la despenalización del aborto en tres causales, el periódico español El País dio a conocer una radiografía del aborto en Chile, recalcando que es un “fenómeno que permanece en la oscuridad”.
Y es que en caso que la iniciativa del Gobierno se apruebe en el Congreso, solo resolverá el 5% de los 70.000 casos que los especialistas apuntan que cada año se realizan en la clandestinidad y en condiciones de riesgo.
Por su parte, la Defensoría Penal Pública analizó los casos disponibles entre 2006 y febrero de 2015, determinando que 506 personas fueron acusadas por delitos de aborto según el Código Penal. De ellas, 75 corresponden a abortos no consentidos, 11 de ellos fueron realizados por algún médico y 420 son interrupciones consentidas del embarazo.
De estos abortos consentidos, 308 casos corresponden a mujeres, cuya edad promedio es 23 años y perteneciente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Claudia Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, explicó cómo las mujeres llegan a enfrentar a la Justicia por practicarse un aborto. “La inmensa mayoría se hace un aborto, empieza a sangrar, piensa que se van a morir y llega a un hospital público, donde las denuncian”.
Sus dichos son corroborados por el informe anual de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), el cual consigna que “las mujeres pobres son las más afectadas por la persecución penal. No es novedoso que el control penal recaiga sobre aquellos más vulnerables en una sociedad, pero, en este tema, la investigación penal es altamente selectiva”.
De hecho, uno de los aspectos que el Parlamento deberá resolver en el marco de la despenalización del aborto es si se deroga la norma que obliga al personal médico a denunciar a las mujeres que llegan a centros de salud con signos de haberse practicado una interrupción del embarazo.
Y es que según la Defensoría, de las 308 mujeres acusadas por aborto un 39% terminó su proceso con una salida alternativa. Sin embargo, un 28% de ellas finalizó sus condenas, la cual alcanza como pena máxima los tres años y un día de pena remitida.
En la mayoría de los casos con sentencias condenatorias, las afectadas reconocieron el uso del conocido medicamento misotrol, pero también se detallaron particulares mecanismos como tijeras, palillos y hasta ramas de apio.
