Ministra Blanco por negativa de ANFP a entregar antecedentes: “Si ellos no nos dejan entrar, parece sospechoso”
La asociación podría perder su personalidad jurídica si es que el Ministerio de Justicia remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
En septiembre de este año, el Ministerio de Justicia declaró ilegales los sueldos de Sergio Jadue y cinco directores de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Esto, porque de acuerdo a la personalidad jurídica de esta asociación, sería una institución sin fines de lucro, por lo que los salarios autoasignados estarían fuera del marco de la ley.
Sólo en el caso del ahora ex presidente de la ANFP, el que se trasladó a Estados Unidos para presuntamente colaborar con la justicia norteamericana en el caso de corrupción de la FIFA, habría tenido que reponer más de 34 millones 610 mil 487 pesos. Actualmente la Fiscalía de Peñalolén está indagando este caso.
Sin embargo, en el marco del proceso que impulsa el Ministerio de Justicia, encabezado por Javiera Blanco, dos contadores y un fiscalizador de esta cartera llegaron a las dependencias de la ANFP , según La Tercera -esto tres días después de la salida de Sergio Jadue a Estados Unidos. Una vez allá solicitaron la documentación contable del organismo, pero no se les permitió el acceso a los documentos.
En ese marco la titular de Justicia, Javiera Blanco, en conferencia de prensa, indicó que “parece al menos sospechoso que una institución que no tiene nada que ocultar, no presente información (…) Las fiscalizaciones que realiza el Ministerio de Justicia son permanentes tanto para la ANFP como para cualquier institución. Si ellos no nos dejan entrar, parece sospechoso. Nos parece bastante rara esta situación. No nos había pasado antes”.
Además, Blanco precisó que están analizando si procede o no enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. “Siempre está el riesgo que ante faltas graves se vea cancelada su personalidad jurídica”.
En caso de que la ANFP no acceda a dejar sin efecto los contratos de los directores, junto con restituir el dinero y determinar quién instruyó estos pagos, la asociación arriesga a que la secretaría de Estado solicite la remoción de la personalidad jurídica.
