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21 de Diciembre de 2018

Informe de la Comisión Investigadora de la ANFP confirma existencia de irregularidades

La instancia acusa una falta de fiscalización y control de parte del Ministerio de Justicia hacia el ente rector del fútbol chileno.

Por El Dínamo
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La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora que indagó la labor del gobierno en el eventual fraude de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ocurrido entre el año 2015 y el 4 de abril de 2018.

Según consigna la página web de la Cámara de Diputados, el informe, que fue aprobado por 121 votos a favor y una abstención, señala que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no cumplió con su deber de fiscalización y control sobre la ANFP en los períodos antes mencionados, donde los titulares de la cartera fueron Javiera Blanco y luego Jaime Campos.

El texto explica que “si bien inició un proceso de fiscalización, este fue acotado a determinados temas sin involucrar otros tantos que tenían igual o mayor importancia desde la perspectiva del cumplimiento de los fines y el resguardo del patrimonio de la institución”.

Además, se detectaron diversas irregularidades en la ANFP que no fueron consideradas para una posible investigación por parte del Ministerio de Justicia, como los vínculos comerciales de la ANFP con las empresas que tienen representantes en los clubes de la asociación, préstamos irregulares a los clubes e irregularidades en las cuentas de la Copa América 2015, los que están detallados en la auditoría realizada por Deloitte.

En cuanto a los hechos que sí fueron investigados por el ministerio, el informe indica que los resultados solo fueron la instrucción de cambios al ente rector del fútbol chileno y que, tras cumplir esas peticiones, se dieron los procesos por terminados, sin existir una fiscalización de que se siguieran cumpliendo las instrucciones ordenadas.

“Lo que es aún más grave, todas las justificaciones o fundamentos dados por el organismo en la Comisión para no solicitar la cancelación de la personalidad jurídica, como es el principio de razonabilidad o el interés público que ostenta la ANFP, no se contienen en el acto administrativo por el cual se da por terminado el proceso de fiscalización y se decide finalmente no aplicar la sanción mencionada“, concluye el texto.

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