Lapidario análisis: la mitad del presupuesto de educación superior para 2017 irá a la banca privada

Un análisis de la fundación Educación 2020 muestra que la mayoría de los recursos para educación se asignan moviendo presupuesto entre ítems, para enfatizar los proyectos de la reforma, especialmente, educación superior. El problema: el 41% de los fondos públicos para este nivel educativo se destinarán a la banca privada por pago del CAE.

El Congreso está en plena discusión del presupuesto 2017. Según un análisis del organismo, los recursos destinados a educación aumentaron un 6,2% este año, pero al examinar su desglose, se observa que estos se mueven de un ítem a otro para nutrir compromisos asociados a la reforma educacional, principalmente, a educación superior.

El problema, según el estudio de la fundación, es que el 41% de los recursos públicos destinados a educación superior irán a parar a la banca privada. De los USD 2.955 totales para este nivel educativo, USD 1.215 millones se gastarán en “Compra de títulos” y “Amortización de la deuda”, es decir, pago de carteras morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Si bien el CAE será reformado, en concreto es un fracaso, una pérdida de plata para el Estado”, asegura Ariel Ramos, investigador de Política Educativa de Educación 2020, y agrega que otra parte de los recursos para educación superior se destinarán a gratuidad (USD 1.116 millones). El problema aquí es que la ley de gratuidad “aparece a merced de discusiones presupuestarias, en vez de ser una política de Estado”.

Rotación de recursos

Según Educación 2020, es en el nivel escolar donde hay más rotación de recursos. Por ejemplo, hay aumentos para programas de educación pública, como el de perfeccionamiento para profesionales de la educación (+USD 1,2 millones) o el de acceso a la educación superior (+USD 3,7 millones), pero baja el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (-USD 14,6 millones), el de mejoramiento para infraestructura (-USD 11,2 millones) y mejoramiento de la calidad (-USD 9 millones).

Es decir, se mueven recursos de la educación pública para solventar programas de la misma. Ramos asegura que todas estas rotaciones “no se condicen con las declaraciones del gobierno de mejorar la educación pública”. Lo que también se vislumbra en la nula inversión en innovación educativa o nuevas prácticas pedagógicas que promuevan el aprendizaje y la baja de recursos para programas asociados a educación técnico profesional: USD 5,7 millones menos.

Esta rotación de montos también ocurre en carrera docente. Al analizar el nuevo ítem de “Asignación por alta vulnerabilidad”, que aporta USD 47 millones en total, se aprecia que gran parte de ese monto proviene de reasignaciones de partidas similares, por concepto de “Asignación por desempeño difícil”.

Además, Ramos remarca que se comprometieron USD 150 millones para subvención de escolaridad (que apoyan las horas no lectivas), pero en la glosa presupuestaria hay sólo USD 72 millones. Lo mismo ocurre con la “Asignación por tramos de desarrollo profesional”, donde se anunciaron USD 47 millones pero en la práctica aparecen USD 33 millones. “La pregunta es de dónde saldrá la diferencia de esos recursos”, subraya el investigador.

Por último, en educación inicial, la principal crítica de la fundación es que si bien aumentan los recursos en un 10,5% (USD 38 millones), estos se destinan a la subvención para Fundación Integra y Junji, pero no considera aspectos clave, como la preparación de educadoras y el aumento de parvularias por cada niño o niña. “Esta etapa es sensible y ofrecer educación de mala calidad puede causar más daño que no tenerla”, concluye Ramos.