UC demandará al Estado por no entregar aportes por mejores puntajes PSU
El daño patrimonial que acusan desde la casa de estudios ascendería a mil 700 millones de pesos. La demanda civil fue preparada por el académico de la Universidad de Chile, Raúl Tavolari, uno de los más prestigiosos abogados del país. El escrito además da la posibilidad de que se sumen otras casas de estudio.
Fue la exclusión de los Aportes Fiscales Indirectos (AFI) del presupuesto de este año lo que gatilló que la Universidad Católica llegara a la decisión de demandar al Estado Chileno.
La acción, según publica El Mercurio, será presentada ante los tribunales civiles, y se llegó a esta determinación después de que la materia fuera decidida por el rector de la citada casa de estudios, Ignacio Sánchez.
Pasaron cerca de tres semanas en reuniones con expertos jurídicos de la Universidad, donde está Carlos Frontaura y el director de asuntos jurídicos, Juan Esteban Montero. La acción civil fue liderada por el prestigioso abogado Raúl Tavolari, civilista y académico de la Universidad de Chile.
El rector Sánchez argumenta que con esta demanda pretenden, como universidad “hacer presente el incumplimiento de la ley en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a las instituciones, con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”.
Sánchez agrega que “nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de educación superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema”.
El AFI entrega recursos a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica cada año, en función de que sean elegidos por los 27 mil 500 estudiantes con los mejores puntajes en las pruebas de ingreso a la educación superior. Junto con la Universidad de Chile, la UC ha estado entre las que mayores ingresos reciben por este concepto.
El tema es que en el presupuesto 2017 no se incluyeron los montos para los alumnos matriculados el año anterior, razón sobre la que está fundada la demanda. Lo que persigue la acción civil es que se declare que el Estado dejó de cumplir con esta norma, que obliga a la entrega de los fondos AFI, y si es que los tribunales llegan a esta conclusión, se debe ver cómo se reintegran los recursos adeudados.
“La medida adoptada por el gobierno implica para la UC un daño patrimonial de más de 1.700 millones (…) consideramos que lo más grave es afectar el Estado de derecho y el incumplimiento de la legalidad vigente, lo que no podemos permitir”, indicó el rector Sánchez.
El directivo criticó que no se estaría respetando un “compromiso” que adquirieron los ministros de Educación, primero Nicolás Eyzaguirre y Adriana Delpiano, ante el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh) respecto de que no habría mermas en sus presupuestos en caso de existir cambios en el AFI.
Una de las personas que dio su “visto bueno” para esta demanda es el gran canciller de la casa de estudios, el aún arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati. Éste habría validado que se protegan los intereses de la Universidad.
La demanda, además, considera la opción de que otros planteles se sumen a la acción judicial.
