Autonomía: uno de los nudos ciegos del nuevo proyecto de Educación Superior

Uno de los temas que se repite transversalmente entre los críticos del proyecto de Reforma a la Educación Superior, tiene relación con la autonomía de las instituciones. Tanto académicos, como expertos y parlamentarios han mencionado este tema como uno de los focos de tensión con el Ejecutivo, argumentando que se está afectando un derecho consagrado en la Ley y que a nivel mundial es un tema fundamental para el correcto funcionamiento del sistema universitario y la diversidad de éste.

¿Qué es la autonomía de los establecimientos de educación superior? Actualmente la Ley chilena (artículo 104 del DFL2) define la autonomía como el “derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa”.

En ese sentido, la Ley vigente define la autonomía académica como “la potestad de las entidades de educación superior para decidir por sí mismas la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio”, asimismo, la autonomía administrativa “faculta a cada establecimiento de educación superior para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes”, mientras que la económica “permite a dichos establecimientos disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo con sus estatutos y las leyes”.

“El proyecto de ley en casi todos sus capítulos trae una pérdida de la autonomía de las universidades chilenas”, dijo el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, quien fue uno de los invitados a exponer sobre el proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

En su presentación hace un duro cuestionamiento a la propuesta del Ejecutivo de fijar vacantes, aranceles y determinar los planes de desarrollo de las universidades, asegurando que es “altamente peligroso” al “violentar” la autonomía universitaria.

Un aspecto fundamental del proyecto del Gobierno es la atribución de éste -a través de la Subsecretaría u otros organismos como la Superintendencia y la CNA- para fijar aranceles y vacantes, así como también de aprobar o supervisar los planes de apertura de sedes o carreras. Además, a través de la acreditación, el Ejecutivo establece una definición implícita de universidad, obligando a todas éstas a hacer investigación en el largo plazo.

“El proyecto aumenta fuertemente el control estatal sobre el sistema de educación superior a través de la Subsecretaría”, destacó el director ejecutivo de AcciónEducar, Raúl Figueroa, agregando que “la gratuidad universal es una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad. Además, restringe la autonomía y la diversidad del sistema, lo que repercute directamente en la posibilidad de escoger de los estudiantes”, expresó.

En ese sentido, enfatizó que se debe contar con una institucionalidad que equilibre adecuadamente el control estatal con la necesaria autonomía de las instituciones.

Al respecto, consultado por El Dínamo, el ministerio de Educación afirmó “el hecho de que se fije un determinado arancel para una carrera no determina en absoluto la manera en que ésta deba impartirse ni los contenidos. Eso queda en la potestad de cada universidad, sujeta solo a los límites que imponen las exigencias de calidad y cumplimiento de las leyes”.

Otro de los actores invitados a la Comisión de Educación de la Cámara, el Rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, también planteó sus reparos a la limitación de la autonomía institucional.

“La diversidad de nuestro sistema educativo requiere de libertad institucional (académica, administrativa y económica), de manera que cada institución se desarrolle y participe desde su propia misión, identidad y proyecto”, dijo Sánchez.

Según el documento presentado por el rector de la PUC, “las vacantes de las carreras deben ser fijadas por la Universidad, o de otro modo se compromete la autonomía de la institución para determinar libremente el número de alumnos y las carreras que va a impartir”. A ello agrega también que de extender la regulación de aranceles y vacantes a deciles que no están incorporados a la gratuidad “es una amenaza a la autonomía financiera y académica”.

Desde el Mineduc aseguraron que “hay un concepto errado de la autonomía. Esta se debe entender como la capacidad de las universidades para llevar adelante sus asuntos en el marco de su misión y de las leyes, pero sin interferencias externas. Así, para el mismo arancel de una carrera, dos universidades pueden elegir formas distintas de impartirla (malla y contenidos, por ejemplo), por cuanto esos aspectos no están regulados por la regulación de aranceles”.

Por su parte, el presidente de la CNA, Alfonso Muga -quien también asistió a la Cámara de Diputados- cuestionó que la apertura de sedes y carreras esté sujeta a una decisión de acreditación de este organismo, destacando que ello desvirtuaría los propósitos de los procesos evaluativos y sería también una “limitación de la autonomía institucional”. Junto a lo anterior, agregó que la aprobación por parte de la CNA de los planes de mejora de las instituciones -aspecto que establece la indicación sustitutiva- también podría ser una “restricción a la autonomía”.

“Estas dos nuevas atribuciones, constituyen una intromisión en la capacidad de autorregulación de instituciones que han probado disponer de un nivel de consolidación en materias de aseguramiento de la calidad”, dice la presentación de la CNA.

En esta misma línea, el documento presentado por la PUC, plantea que “hay una inconsistencia entre el principio de autonomía y la poca libertad que tendrían las IES. El caso extremo es IES con 4 años de acreditación a las que se les impone la restricción de pedir autorización para cualquier cambio”.

Raúl Figueroa, planteó la necesidad de “reconocer la autonomía de las IES cuando éstas cumplan con los criterios de acreditación, considerando que la obtención de ésta debiese ser garantía suficiente de calidad”. Junto con ello, y con el objetivo de no alterar la diversidad del sistema, propone una acreditación no jerárquica, que reconozca a los distintos tipos de instituciones: universidades complejas, universidades docentes, institutos profesionales y centros de formación técnica.

En respuesta a las críticas por el efecto en la diversidad del sistema al homogenizarse el concepto de universidad, el ministerio indicó que “esto también es una exageración y confusión del concepto de diversidad. Si bien se está exigiendo que todas las universidades se acrediten en las cinco dimensiones, eso no regula nada la orientación del proyecto educativo de la universidad”.

Otro aspecto que también genera dudas por su posible impacto en la autonomía, tiene relación con el establecimiento de un nuevo sistema de admisión. La indicación sustitutiva (Artículo 7) establece un Sistema Común de Acceso obligatorio para las “universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos que tengan por objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de los estudiantes, o instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con la garantía del Estado”, lo que implica que las instituciones que no adhieren a la gratuidad pero cuyos alumnos pueden recibir CAE, también deben tener este sistema, es decir, la gran mayoría de las instituciones en Chile y todas las acreditadas.

Pilar Armanet, presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rectora de la Universidad de las Américas, y quien también expuso frente a la Comisión de Educación, aseguró que existe preocupación por este tema. “Nos encontramos con superposiciones y una sobrerregulación. Debe haber un justo equilibrio entre regulación y autonomía en los ámbitos académicos, administrativos y económicos”, dijo.