Luis Riveros sobre gratuidad: “Las instituciones la pagan disminuyendo la calidad de sus recursos académicos”

En la última Cuenta Pública, la Presidenta Michelle Bachelet hizo varios anuncios en educación, pero no todos fueron bien recibidos por los entendidos y académicos. La gratuidad sigue siendo una piedra en el zapato para las instituciones de educación superior, muchas de las cuáles han dicho que no saben cómo financiar el déficit que esta política conlleva, mientras que la Ley que Fortalece a la Universidades Estatales, ha sido criticada incluso por la propia Universidad de Chile.

El ex rector y actual profesor de la universidad, Luis Riveros, conversó con El Dínamo sobre ambas propuestas, haciendo un duro análisis respecto a las iniciativas que impulsa La Moneda. En esa línea, no sólo cuestionó el rol que la propuesta del Gobierno le asigna al Estado, sino que también las consecuencias que traerían a largo plazo los proyectos que se están discutiendo.

– El Gobierno anunció que aumentará la gratuidad al 60% más vulnerable, en miras a una gratuidad universal. Según algunos entendidos, la política ha demostrado que no funciona tal como está planteada. ¿Cree que es viable a largo plazo?

– Si se sigue reduciendo la calidad de las universidades para proporcionar gratuidad, se puede hacer… Las grandes instituciones universitarias están teniendo bastante déficit que son inmanejables producto de esta gratuidad, que -aunque implementada por el Gobierno- finamente las pagan las mismas universidades con sus recursos. La Universidad de Chile tuvo un déficit el año pasado de más de 2 mil millones, y entiendo que el conjunto del sistema es de 25 mil millones producto de esta gratuidad. Las instituciones la pagan disminuyendo la calidad de sus recursos académicos -con cursos más grandes, profesores más baratos, tendrá que dejar de hacer algunas cosas en materia e investigación- ese es el costo que se paga por la gratuidad. Subir 10 puntos más de gratuidad es más de eso. La gracia sería que la gratuidad la abordara el Gobierno con sus recursos. Me parece que esto no tiene sostenibilidad en el largo plazo.

La Universidad de Chile tuvo un déficit el año pasado de más de 2 mil millones, y entiendo que el conjunto del sistema es de 25 mil millones producto de esta gratuidad. Las instituciones la pagan disminuyendo la calidad de sus recursos académicos -con cursos más grandes, profesores más baratos, tendrá que dejar de hacer algunas cosas en materia e investigación- ese es el costo que se paga por la gratuidad.

– Se ha criticado que el proyecto de reforma aumenta fuertemente la presencia del Estado en el sistema de educación superior ¿Limita esto la autonomía de las instituciones?

– Definitivamente coarta la autonomía de las instituciones. Durante toda la historia del sistema universitario chileno ha existido un sistema de selección y admisión de estudiantes que fue llevado a cabo por las propias universidades. Entonces ahora me dicen que un estado, con funcionarios nombrados y que no son necesariamente conocedoras de las realidades de las universidades, van hacer esto, a mí me parece un método completamente inviable y contrario a lo que está pasando en todo el mundo que es descentralizar (…) este es un sistema que va contra los tiempos, lo que me gustaría es tener un sistema descentralizado con controles.

LEY DE FORTALECIMIENTO DE UES ESTATALES

El pasado 20 de junio, el actual rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, comunicó la postura oficial del plantel ante al Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado, afirmando que “hay una discrepancia en lo que hay detrás del sistema de gobierno. Consideramos que no se condice lo que ha sido la historia de la Universidad de Chile. Después de democracia, fuimos una universidad que generamos un estatuto y una forma de gobierno…nos parece que impensable que todo ese proceso sea drásticamente cambiado sin una discusión de los actores“, expresó Vivaldi.

La Universidad de Chile tuvo un déficit el año pasado de más de 2 mil millones, y entiendo que el conjunto del sistema es de 25 mil millones producto de esta gratuidad. Las instituciones la pagan disminuyendo la calidad de sus recursos académicos -con cursos más grandes, profesores más baratos, tendrá que dejar de hacer algunas cosas en materia e investigación- ese es el costo que se paga por la gratuidad.

No se quedó allí: la máxima autoridad del plantel pidió que “se revierta esta propuesta porque es un golpe mortal a la autonomía universitaria; que sea el pueblo de Chile el que decida en quién confía. Las universidades estatales nunca han decepcionado y no había por qué haber desconfianza”.

– ¿Qué le parecen las declaraciones del Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi ante el proyecto de universidades estatales y este “golpe mortal” a la autonomía, sobre todo en lo que se refiere al gobierno universitario, el que puede quedar a merced del gobierno de turno?

– Estoy de acuerdo con eso, porque, en el caso de la Universidad de Chile, esto es un golpe tremendo. La universidad eliminó la Junta Directiva en 1990 y posteriormente hizo un gran debate para analizar cuál era el mejor sistema. Llegó entonces a un estatuto que hoy es ley. Lo que propone este Gobierno es derogar esta ley e imponer el retorno al modelo en lo que fue el Gobierno Militar, con personas denominadas por el Gobierno. Eso es simplemente desconocer una realidad y es atacar la autonomía (…) Crear una institución superestructural donde intervienen personas ajenas a la universidad, eso se llama intervención, coartar la libertad académica, que muchos políticos la ven como peligrosa. Eso un sistema propio de los países socialistas de la década del sesenta.

– ¿Qué le parece que haya una Ley especial para universidades del Estado? Cree que se puede perjudicar con ello la unidad del CRUCh?

– No, a mí me parece muy bien que haya una ley especial para las universidades estatales porque son del Estado. Deben tener su propia instancia de diálogo con su propietario, que es el Estado. Cosa distinta es los subsidios a las universidades privadas, pero eso es harina de otro costal. Yo creo que las universidades del Estado, por ser del Estado, deben financiarse de forma distinta que las universidades privadas.

UNIVERSIDAD ARCIS

El 30 de diciembre, la sede de Huérfanos 1710, y el edificio de la calle Riquelme 240 de la Universidad Arcis pasaron a la Universidad de Chile. Los edificios los necesitaba para albergar el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y la transacción se pagó en efectivo por un total de $2.634 millones.

En este caso se ha excedido, se ha sido demasiado permisivo con una universidad que hace mucho tiempo estaba presentando problemas y yo entiendo que el Estado debería haber intervenido antes.

– ¿Ve adecuado que la U de Chile gaste recursos en apoyar a una universidad que está en proceso de quiebra? Cree que esta actitud del rector tiene que ver con que es la Arcis más que con la conveniencia de la transacción?

– No soy partidario de ser injusto. La universidad tenía todo el derecho de comprar estos inmuebles porque tiene un proyecto, que es el instituto de asuntos públicos, que necesita una localización que se ha estado buscando hace muchos años y esta era una buena oportunidad. La universidad puede tener el presupuesto más débil por esto de la gratuidad, pero tiene una buena credibilidad financiera. Me imagino que esto se hizo con un crédito como inversión. Por ningún motivo yo puedo auspiciar que esto fuera un apoyo a nadie. Además me parece que ha cumplido todas las normativas. Algunos se preguntan por qué esto no pasó por el senado universitario, pero las compras no tienen que pasar por este organismo. Yo hubiera preferido que pasara por este paso como un gesto. No se hizo así pero me parece que se ha cumplido con la normativa universitaria.

– ¿Cree que existen responsabilidades del Estado como es el caso de la Universidad Arcis?

– Tal como la quiebra de cualquier empresa, el Estado tiene algo que decir porque de alguna manera se afecta al bien común, tiene efectos sociales y no solamente privados, sobre todo en la universidad de donde se hacen compromisos con los estudiantes. Hay una responsabilidad que tiene que supervigilar. En este caso se ha excedido, se ha sido demasiado permisivo con una universidad que hace mucho tiempo estaba presentando problemas y yo entiendo que el Estado debería haber intervenido antes.