Educación lidera irregularidades reportadas por Contraloría

La Contraloría General de la República presentó a la Cámara de Diputados su reporte con los principales resultados de auditoría del año 2016, el cual contiene los hallazgos más significativos a partir de los informes de fiscalización que realizó dicha entidad de control hasta el 31 de marzo de 2017.

El objetivo de este informe, que considera las observaciones de mayor relevancia o “alta complejidad”, es informar a los diputados acerca de los hallazgos más significativos detectados durante el año 2016, con el objetivo de identificar debilidades transversales que puedan afectar el cumplimiento de funciones y la correcta y eficiente inversión de los recursos públicos, de las distintas entidades fiscalizadas por la Contraloría.

La clasificación de “alta complejidad” se otorga a todas aquellas observaciones que generan un alto impacto en la comunidad o son consideradas de especial relevancia de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial y/o eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas.

Se produjeron, de esta manera, 3.497 productos de fiscalización, distribuidas en 60 inspecciones de obra pública, 295 investigaciones especiales, 490 auditorías y 2.652 atenciones de denuncias.

Entre los resultados globales, destaca que el 22% de las 12.964 observaciones detectadas corresponden a la clasificación de “altamente compleja”, correspondientes a 2.895. Las observaciones calificadas como complejas fueron 5.723; 3.947 medias y 399 leves.

En las observaciones categorizadas como “altamente complejas la CGR objetó un monto total de $ 250.943.688.228.

Educación: el sector “altamente complejo”

Al agrupar las observaciones por sector, la mayor cantidad de observaciones “altamente complejas” por fiscalización se encuentran en los sectores de Educación, Municipal y Trabajo (ver gráfica)

Específicamente en Educación, se verificaron 324 observaciones, de las cuales el 52% fueron subsanadas. El 48% restante se verificará en futuras fiscalizaciones.

En la Subsecretaría de Educación, el monto objetado tras la rendición de cuentas asciende a $7.956.872.003. Algunos de los programas en los que se detectaron las irregularidades fueron el de “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública” e “Infraestructura Establecimientos Subvencionados”, en los que se detectaron transferencias irregulares por $2.201.712.469 y $1.755.914.616, respectivamente.

Además, respecto al examen de los aportes entregados a las instituciones administradoras de establecimientos de educación técnico profesional, se detectó que la rendición de gastos realizada por una de la entidades administradoras presentó antecedentes de respaldo por desembolsos ascendentes a $546.961.464 sin adjuntar la documentación que compruebe las inversiones realizadas y el cumplimiento de los objetivos pactados en los convenios.

Asimismo, se detectó que la Subsecretaría aprobó rendiciones de gastos que no presentaban la totalidad de la documentación relativa a los contratos y carecían de la información que permitiera validar su pertinencia, por una suma de $76.618.192.

La revisión realizada a las transferencias a las instituciones de educación superior para financiar la ejecución del Programa de Becas de Nivelación Académica, comprobó que las rendiciones de cuentas consideran gastos por $318.000.823 que no fueron en beneficio de los alumnos, servicios de tutoría no acreditados y gastos no elegibles para ser financiados.

La verificación de los Planes de Superación Profesional y de Formación de Directores estableció que en el año 2015, de un total de 2.485 docentes evaluados con nivel de desempeño básico o insatisfactorio, 1.657 no participaron de los Planes de Superación Profesional.

En la investigación sobre eventuales irregularidades en los contratos de diseño y ejecución de obras, se detectó el pago de $166.994.833 por el diseño de un edificio de áreas prioritarias de investigación de 6.000 metros cuadrados, en circunstancias que el diseño entregado fue de 2.880 metros cuadrados.

Respecto a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), se detectó que por concepto de diseño, fabricación y distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) había falta de respaldo y control de la información del sistema que gestiona la TNE, identificándose retraso en el envío a fabricación; omisión de supervisión en la distribución de los pases escolares y producción de 313.359 TNE para beneficiarios que no tenían la calidad de alumnos regulares, con un costo de $859.718.142. También se detectó falta de gestión de cobranza de $179.860.118 por incumplimiento de contratos con proveedores de la TNE.

En este mismo organismo y respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) se detectaron deficiencias en el manejo y almacenamiento de alimentos en establecimientos educacionales, ya que se comprobó la existencia de alimentos vencidos, en mal estado y en descomposición, así como falta de aplicación de multas y sanciones a prestadores del PAE por $1.996.967.339.

La revisión realizada a los contratos de obras civiles suscritos y ejecutados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) detectó que 31 proyectos de construcción de jardines infantiles no contaban con informes de focalización, estudios favorables o estudios de demanda potencial que garanticen la viabilidad de los proyectos. Y respecto a las auditorías a las adquisiciones de material didáctico destinado a los jardines infantiles, se constató que la entidad carece de un sistema de información que permita mantener un registro de los materiales didácticos entregados. Asimismo se concluyó la falta de coordinación en la entrega y pertinencia del material didáctico, de acuerdo a las necesidades de cada jardín infantil.

Finalmente, en la Universidad de Santiago se detectó que en el proyecto “arquitectura y especialidades del edificio de áreas prioritarias de investigación” se pagó $166.994.833 por el diseño de un edificio de 6.000 metros cuadrados, en circunstancias que el diseño entregado fue de 2.880 metros cuadrados.

Resultados Transversales

En la categoría Gastos Improcedentes o sin respaldo, el monto objetado asciende a $22.132.546.336
Este ítem corresponde a gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo; pago de anticipos a proveedores no contemplados en las bases de licitación; entrega de recursos a beneficiarios que no cumplen los requisitos, y gastos que no están asociados a la finalidad de los fondos y pagos improcedentes de remuneraciones.

Los sectores con mayores montos objetados en estas materias son el sector Municipal con $4.727.782.456 y el sector Educación con $938.323.258.

Respecto a Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, el monto objetado asciende a $94.466.434.673. Las entidades con mayores recursos objetados en esta materia son la Municipalidad de Providencia por $65.148.419.000 y la Subsecretaría de Educación por $8.274.872.827.

Estas observaciones se relacionan principalmente con modificación de contratos sin fundamento, que por lo general se traduce en incrementos de costos, plazos y cambios de las condiciones originalmente pactadas; falencias en el cumplimiento de los contratos, y omisiones en la aplicación de multas.

En la categoría Falencias asociadas al cumplimiento de contratos, el monto objetado asciende a $ 13.512.128.744. Las entidades con mayores recursos objetados en esta materia son la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por $1.996.967.339 y la Junta Nacional de Jardines Infantiles por $504.109.339.

Respecto a Falencias en el proceso de adquisiciones, el monto objetado fue $ 12.017.731.977. Las entidades con mayores recursos objetados en esta materia son la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por $5.596.462.128 y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio por $2.435.894.530.

Finalmente, respecto a Deficiencias asociadas al manejo de fondos, las entidades con mayores recursos objetados son el Instituto de Seguridad Laboral $1.591.414.675 y la Municipalidad de Calera de Tango por $876.282.423. El monto total objetado es $6.613.301.481

Las acciones derivadas emanadas de los informes de fiscalización al sector, arrojaron 32 procedimientos disciplinarios, 5 reparos por $894.893.485 y 5 solicitudes de reintegros por $376.170.676.

En el mismo informe, entregado por el Contralor Jorge Bermúdez al presidente de la Cámara de Diputados Fidel Espinoza, se destaca que como resultado de las fiscalizaciones desarrolladas por la Contraloría se han podido advertir algunos ámbitos de la gestión pública en los que resulta recomendable prestar especial atención, tales como la correcta utilización y resguardo de recursos públicos, contratación de acuerdo a la normativa, cabal cumplimiento de los contratos y mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas.