Experto alerta a Mineduc sobre la necesidad de instructivos en colegios sobre Ley de Drogas

Un estudiante del colegio Alianza Francesa fue hallado muerto la semana pasada, producto de un suicidio. El 11 de agosto el adolescente había sido sorprendido en el establecimiento portando marihuana en su mochila.

Según informó Carabineros, las autoridades del recinto escolar denunciaron el hecho a la policía. Fuentes de la comunidad escolar comentan que el niño salió del liceo acompañado de uniformados y fue llevado a la comisaría. En tanto, el Consejo de Disciplina del colegio –integrado por autoridades, apoderados y estudiantes- decidió suspenderlo por nueve días. Si bien no se puede establecer una causalidad directa entre la sanción del colegio y la determinación del joven, la forma de proceder del establecimiento escolar generó un amplio debate en los medios de comunicación.

Para el doctor en educación y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Jaime Retamal, el hecho amerita que tanto el Ministerio de Educación como la Superintendencia emitan un documento oficial con orientaciones específicas a los establecimientos escolares, a fin de que consideren criterios pedagógicos antes de aplicar una norma, como ocurrió en este caso con la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“Puede que el colegio haya aplicado una ley, pero sobre su normativa interna y sobre la ley hay un criterio que debe sopesarse en cada una de las decisiones”, explica. “Los colegios tienen que adoptar decisiones de mayor criterio pedagógico en vez de superponer, a ese criterio pedagógico, uno criminalizador”, agrega.

De acuerdo al experto, las instituciones educativas deben ser espacios de aprendizaje y creatividad, donde prime la formación de los jóvenes, y no instituciones sin autonomía, circunscritas a las reglas que define una misma autoridad. En este caso, la Justicia.

“Aquí, lo que faltó fue lo que se conoce técnicamente como ‘tacto pedagógico’, que obliga, antes de actuar, a comprender al joven o adolescente que está en proceso de maduración. Se debe conocer su contexto, sus necesidades y elaborar, a partir de eso, un plan de acción. Criminalizar y judicializar es lo más inadecuado que se pudo haber hecho”, insiste.

A su juicio, el colegio debió establecer una conversación con el estudiante para comprender las circunstancias que lo llevaron a portar marihuana en el establecimiento. Luego, llamar a los padres y, finalmente, definir una cita con el psicólogo u orientador del recinto. De esta manera, asegura que se habría salvaguardado la integridad moral del afectado.

“Es impresentable que antes de contener pedagógica y educativamente, llamen a Carabineros”, enfatiza. “Un adolescente está en proceso de formación. Entonces, que se aplique todo el rigor de la ley, sin ningún criterio, es absolutamente desproporcionado”, concluye.