CNED cuestiona efectos de la reforma en la calidad y autonomía del sistema de educación superior

A principios de septiembre, en línea con invitaciones que han recibido diversos actores, el Presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), Pedro Montt, asistió a la Comisión de Educación del Senado a exponer sobre el Proyecto de Ley de Educación Superior.

Su presentación no pasó desapercibida. El académico fue claro en recalcar las “tensiones” que a su juicio tendrá la iniciativa de aprobarse tal cual está planteada hoy, adelantando que el proyecto no tendrá efecto alguno en la mejora de la calidad del sistema y destacando que el diagnóstico de la reforma no es el adecuado.

“El proyecto de ley tiene problemas de diseño. Es poco probable que contribuya a la calidad y la mejora continua del Sistema de Educación Superior. El financiamiento y sus propias necesidades tensionan la calidad, diversidad, gobernanza y autonomía”, fueron las conclusiones que dio Montt en su presentación en el Senado.

Frente a los parlamentarios, el presidente del CNED destacó a El Dínamo la diversidad del sistema chileno y cómo sus universidades han ido avanzando en calidad. Con eso como base, aseguró que si bien el sistema necesita mejoras, es pertinente reconocer sus fortalezas.

“Nuestro sistema tiene claroscuros; no está en un nivel para reconfigurarlo completamente. Hay una serie de logros en las últimas décadas y avances importantes: hay progreso en torno a la cobertura de matrícula y a las posibilidades de acceso en comparación de América Latina. Chile tiene índices superiores al promedio de la OCDE en algunos aspectos. Esto no es totalmente gris, o luminoso, tiene matices. Decir que hay que reinventar el sistema es desconocer elementos de diagnósticos para tener una solución viable”, asegura.

Entrando de lleno a sus aprehensiones, en su presentación, el presidente del CNED se enfocó en los efectos que tendría la reforma sobre cuatro conceptos clave: calidad, diversidad, autonomía y gobernanza.

Para Montt, un aspecto fundamental que debe considerarse a la hora de establecer una política en esta materia, tiene que ver con las múltiples definiciones de calidad, las que deben ser consideradas en base a cada proyecto educativo y no a una definición rígida y única.

Según explica, la calidad es una construcción social y dinámica, dependiente de la perspectiva de distintos actores relevantes del sistema. “No existe una manera de lograr la calidad, pueden existir varias maneras. La excelencia no siempre es unívoca. Hay distintos tipos de excelencia que van a depender del tipo de institución, de las características que tiene, del objetivo formativo”, explica.  

En esa línea calificó como una “tensión” del proyecto actual, que la definición de calidad quede entregada a la CNA -consulta al Comité de Coordinación- y no se prevea la participación de otros miembros del sistema.

Junto a ello, en su presentación, el Presidente del CNED destacó que el proyecto reduce la calidad al cumplimiento de estándares, perdiéndose la idea de mejora continua, lo que además puede tensionar la diversidad.  “Cuando introduces ese tipo de herramientas, es posible que las señales que das a las instituciones es que hay ciertas maneras de hacer las cosas que serían las correctas, cuestión que no es mala en sí, pero que puede hacer que las instituciones tiendan a homogenizarse, a hacerse muy parecidas unas de otras”, indica.

En la sesión, Montt planteó dudas sobre la acreditación obligatoria en 5 dimensiones, la que se realizará en base a estándares. “Se inhibe que sean ellas mismas (las instituciones) las que enfaticen o prioricen sus áreas de desarrollo a partir de su sello y de sus propias capacidades”, dice el documento entregado a los parlamentarios.

“La novedad que tenemos es que la educación superior se masificó; los estudiantes responden a distintas características de intereses, sociales, económicas, y el sistema tiene que estar preparado para responder a eso”, explica Montt y es por ello que el tema de la autonomía -y el eventual efecto que la reforma tendría en ésta – toma una importancia fundamental.

Actualmente la Ley chilena (artículo 104 del DFL2) define la autonomía como el “derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa”.

En la presentación realizada por Montt en la comisión del Senado, éste destacó que el Consejo de la Unión Europea (2007) justificó la necesidad de mayor autonomía no sólo para que las instituciones pudieran responder de la mejor manera a las expectativas de la sociedad, sino que también la declaró como crucial para el desarrollo de la investigación.

Asimismo, recalcó que existe una tendencia internacional para que el Estado entregue cada vez mayor autonomía a las Instituciones de Educación Superior a cambio de mejor gobernanza y rendición de cuentas. En esa línea, Montt plantea que hay un consenso de que la excesiva limitación de la autonomía atenta contra la calidad de las instituciones, porque inhibe la innovación.

En su presentación, el presidente del CNED reproduce 4 aspectos clave que tiene la reforma y que tensionan la autonomía.

El primero es que el financiamiento para la gratuidad determina aranceles de las instituciones, vacantes y cuotas, “lo que restringe la autonomía financiera, académica y de gestión de las instituciones (corto plazo) … impacta en la calidad”, asegura.

Luego, se refiere a que el Sistema de acceso estará radicado en la Subsecretaría y no en las instituciones quienes si bien pueden proponer sus herramientas, éstas deben ser aprobadas por la Subsecretaría.

El tercer punto tiene que ver con el efecto en la autonomía académica para las instituciones acreditadas por 4 años, ya que deben solicitar autorización a la CNA para abrir sedes o impartir nuevas carreras en áreas del conocimiento distintas a las evaluadas en el último proceso de acreditación. “Confusión entre mecanismos de control y aseguramiento de la calidad”, asegura Montt.

Por último, el académico si bien valora la creación de una superintendencia, destacó en su presentación que es muy relevante evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en su operación.  

Montt explica que la reforma “introduce un sistema de rigideces que pueden complicar la toma de decisiones en el ámbito académico, por ejemplo sobre qué carreras se crean, cuántas plazas, qué desarrollos se pueden realizar. El hecho que se esté -de algún modo- pauteando desde el Estado limita las posibilidades de desarrollo. Aquí además hay un complejo equilibrio de autodeterminación de las instituciones”.