Los fondos atrasados para la Educación Pública

Esta es una historia que se repite cada año y que, hasta ahora, nadie le puede poner freno. En qué, cómo y cuándo se gasta el Presupuesto de la Nación se ha transformado en un verdadero dilema para las autoridades de turno, quienes a pesar de las constantes recomendaciones de cada año, ven cómo en los meses de octubre, noviembre y diciembre -cuando ya se está discutiendo el presupuesto para el próximo año- se concentra la ejecución de los fondos en programas tan gravitantes como fondos de apoyo a la educación pública.

Esta situación tiene consecuencias inmediatas y que se ven reflejada en lo que se acuñó como “La Fiebre de Diciembre”. Un concepto que nace cuando los servicios se ven atosigados en tiempo y casi forzados a gastar de manera apresurada en ítems que, en los hechos, pueden aportar menos al ciudadano.

El Observatorio del Gasto Fiscal y El Dínamo revisaron la ejecución del presupuesto a junio de 2016 y 2017, para comparar el avance de su gasto a nivel de programa, subtítulo, ítem y asignación.

Con el objetivo de apoyar la gestión municipal en materia educativa, y como parte de la reforma educacional impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, se creó el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) en 2015.

Este fondo, incluido en la Ley de Inclusión, está destinado a complementar el trabajo que realizan los municipios en su proceso de transición hacia los Servicios Locales de Educación (SLE), entidades que reemplazarán a los municipios en la administración de los establecimientos educacionales. Este cambio está contenido en el proyecto de ley de Nueva Educación Pública, por lo que, en caso de ser aprobada esta ley, se garantiza su entrega hasta el año 2025.

Los recursos del FAEP podrán destinarse a inversión de recursos pedagógicos y apoyo a los estudiantes; mantención y mejoramiento de la infraestructura; mejoramiento de habilidades de gestión para la educación municipal; mejoramiento, actualización y renovación de mobiliario; transporte escolar y servicios de apoyo; participación de la comunidad educativa; administración y normalización de los establecimientos y saneamiento financiero.

Respecto a este último punto, según la Ley de Presupuesto 2017, sólo se podrá utilizar el FAEP para pagar deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2014, destinando para ello hasta un máximo de 25% de los recursos que se les asignen a cada sostenedor. Este mismo porcentaje se puede utilizar también para administración y normalización de los establecimientos. Cuando los compromisos de gasto sean superiores a estos límites máximos, la Subsecretaría de Educación podrá excepcionalmente autorizar una proporción mayor de gasto con este fin. Las iniciativas acordadas en cada Plan que forma parte del Convenio de Desempeño, se deciden en un comité comunal, en el que participan los equipos comunales, provinciales, regionales y del nivel central del Mineduc.

La Ley de Inclusión establece que el Fondo de Apoyo a la Educación Pública dispondrá anualmente de un monto de $250 mil millones hasta 2019.

Sin embargo, para el año 2017 el presupuesto asignado fue de $257 mil millones. A junio de este año, la ejecución de este presupuesto llegó sólo a un 3%. A julio de 2017, se ejecutaron $17.440 millones, correspondiente a casi un 7% del presupuesto total.

Sin embargo, esto no significa que los dineros no sean usados. Lo que ocurre es que la transferencia se realiza recién en agosto (segundo trimestre) y deben ser usados en 18 meses después de la firma del convenio.

Desde el Mineduc explican que existen varios pasos que se deben cumplir antes de poder transferir los recursos a los sostenedores. Uno de ellos y el más importante es la firma del convenio de desempeño. Agregan desde el Mineduc que la ejecución en agosto alcanzó un 25,6% y a la primera quincena de septiembre a más de 50%.

Esta transferencia tardía de los recursos es uno de los principales problemas del FAEP, a juicio de Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020.

Para ella, la asignación de este dinero debería necesariamente estar a la par con el año calendario escolar, es decir, que los sostenedores lo reciban en marzo y puedan ser usados durante el año. Este plazo se debería, según Cisternas, a las diferentes etapas de aprobación de recursos, incluyendo Contraloría, por las que debe pasar. Otra estrategia que haría rendir de mejor manera los recursos sería que pudieran financiar proyectos bianuales.

“El problema de que la plata llegue a los municipios en agosto es que los sostenedores terminan gastando en lo que pueden, no en lo que necesitan. Por ejemplo, un colegio que se adjudicó un FAEP para cambiar el techo no pudo hacerlo porque en el proceso de hacer la licitación para el trabajo se iba a pasar de los plazos. ¿Qué pasó?: terminó pintando el colegio”, agrega, ejemplificando el uso apurado que se hace de los recursos.

Al respecto, desde Educación explican que definir a qué se destinan los recursos y la firma de convenios se realiza durante los dos primeros trimestres; por lo tanto, una vez se van terminando estas actividades se puede comenzar a transferir.

“Es un fondo positivo, es plata super necesaria y que debería aumentarse, pero debe estar disponible según el calendario escolar y con una mirada de mediano plazo respecto a los proyectos. Tampoco es que esté sub ejecutada, sino que los plazos son incorrectos. La educación pública necesita una inyección de más fondos a largo plazo y más autonomía en su uso, no es que la plata no se ocupe”, asegura la profesional de Educación 2020.