Congelamiento aporte de gratuidad
"Si faltan recursos, es necesario reasignar. Pero no a costa de la inversión en la educación de los niños más vulnerables"
Mariana Aylwin es Profesora de origen, política por vocación y a mucha honra. Directora Corporación Educacional Aprender.
La ley de inclusión estableció la gratuidad de la educación escolar pública y privada, eliminando gradualmente el financiamiento compartido. La intención era igualar la cancha. Los colegios gratuitos y los que se adhirieran a la gratuidad recibirían una subvención llamada Aporte por Gratuidad de 0,45 USE, lo que equivale a $10.700 pesos por alumno, que se completaría en tres años.
En 2016 se dio poco más de mitad (6 mil pesos). En el 2017 la subvención llegó a $8.300. Se suponía que el 2018, se llegaría al total de lo comprometido en la ley, lo que significan 2.400 pesos mensuales por alumno. A los colegios que ya eran gratuitos el año 2016, se han sumado unos 800 colegios privados. En total hay 6.354 establecimientos en gratuidad. Se trata de los que atienden a los sectores más vulnerables, los que ya eran gratuitos y los que tenían un copago bajo los 25 mil pesos.
Sin embargo, sorpresivamente, la ley de presupuesto establece que, sin perjuicio de lo que dice la ley, se congela el aumento del Aporte por Gratuidad. Esto es muy grave:
1) Se trata de 28 mil pesos por alumno al año que los colegios no recibirán.
2) Los colegios, confiando en la ley, ya tienen comprometidos esos recursos. Muchos los han comprometido en mejoras a la calidad y condiciones laborales de los docentes, considerando que los establecimientos privados entrarán un séptimo de ellos en los próximos 7 años a la carrera docente, la cual ya se inició en los colegios municipales.
3)Daña gravemente la fe pública y es pertinente preguntar si se puede cambiar en una glosa presupuestaria lo que establece una ley.
4) Por último, es absolutamente contradictorio con el propósito de la ley de inclusión. En la educación inicial y en el sistema escolar es donde las brechas pueden disminuirse a tiempo y con más eficacia. Se trata de 28 mil pesos por alumno al año.
En cambio, la gratuidad en la educación superior que este año se incrementará en 217 millones de dólares, llegando así a 1.500 millones de dólares y 360 mil estudiantes, financia carreras entre 1 millón y 6 millones de pesos. ¿Es justo?
Si faltan recursos, es necesario reasignar. Pero no a costa de la inversión en la educación de los niños más vulnerables, ni a costa de la fe pública de los colegios que han confiado en un compromiso establecido en la ley de inclusión y que hoy se pretende desconocer.
