El 48% de postulantes a universidades estatales quedó fuera por falta de cupos
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, calificó como "fundamental" los resultados de este estudio.
Un informe de la Unidad de Estudios del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) muestra que un 48,4% de los postulantes en primera preferencia a las universidades estatales no pudo matricularse por falta de vacantes, cifras correspondientes al año 2016. En tanto, el año 2017, el porcentaje asciende a 47,8 por ciento, considerando la creación de los dos nuevos planteles estatales, las universidades de O’Higgins y Aysén.
Esta situación fue analizada por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien calificó como fundamental el tema “no sólo por el respeto y respuesta al sentimiento y anhelo de los jóvenes chilenos de ser parte de las universidades del Estado, sino que también porque si declaramos y definimos que el sistema universitario chileno es de carácter mixto, debemos emparejar la balanza. No puede ser que la matrícula estatal esté restringida sólo al 14 por ciento del total”.
“Creemos que es ilógico restringir el crecimiento de nuestras universidades a través de la matrícula y que por el contrario, si esta ley va a superar el carácter declarativo de que uno de sus objetivos es fortalecer a las estatales, esto debe expresarse en este aspecto también”, agregó.
Fue en el año 2015 que el Ejecutivo impuso una restricción del 2,7 por ciento en las posibilidades de expandir la matrícula de los planteles estatales, situación que las autoridades de los 18 integrantes del Cuech esperan revertir.
Otra de las informaciones emanadas del informe es que las universidades estatales tienen un mayor número de postulantes provenientes de dependencia subvencionada y municipal. En este ámbito, el 48 por ciento de los estudiantes que estudiaron en este tipo de establecimientos postularon a las universidades del Estado.
Es así como, concluye el estudio, “la reducción de las vacantes PSU en las universidades estatales impacta preferentemente a estudiantes de origen social desfavorecido (municipal y subvencionado), siendo esta restricción de la oferta académica estatal una forma de exclusión social y de frustración de expectativas de inclusión y movilidad social, a partir de la educación superior pública”.
